A la mayoritaria cifra de migrantes mexicanos en espera de la resolución de un juez, le siguen los originarios de El Salvador que representan también casi otra cuarta parte con 130,537 casos, sigue Guatemala con 98,563; Honduras con 84,954 y; China con 22,779.
El promedio de espera para obtener la resolución de un juez es de 922 días, más de dos años y medio en que se encuentran en una situación vulnerable y donde aquellos acusados incluso de delitos menores muchas veces tienen que pasar el proceso en centros de detención operados por empresas privadas.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, obtenidas por el proyecto del Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York, la mayoría de los casos de los mexicanos en proceso están llevándose en cortes de los estados de: California con 37,787; Texas con 26,814 e; Illinois con 10,658.
Los datos lanzados por el TRAC representan un aumento de 100 mil casos respecto a los contabilizados en mayo del 2016, que equivalieron a un total de 492,978 migrantes. Esto es consecuencia de la política racista y xenófoba que Trump pretende redoblar y que, de seguir la tendencia, superaría la mayor cifra histórica de migrantes que vivieron un juicio de deportación registrada en 2009 durante la administración de Obama.
Para justificar sus políticas antimigrantes Trump ha sostenido un discurso criminalizador que busca igualar a los recientes ilegales en Estados Unidos, que salen de sus países en busca de trabajo o huyendo de la violencia -creciente en los países latinoamericanos con militarización, estrategia impulsada por Estados Unidos -, con delincuentes y terroristas. Sin embargo, el análisis del TRAC arroja que la mayoría de casos que se encuentra en la corte son de personas acusadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cometer una violación a las leyes migratorias y no por estar involucrados en actividad criminal.
En cambio, sólo el 1.7% de los ingresados a partir de octubre de 2016 involucra cargos por un delito agravado, el 4.1% acusados de participar en actividades delictivas menores y ninguna persona ha sido acusada de algún delito relacionado con terrorismo.
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