Luego de que la denuncia de intento de secuestro a la estudiante de Psicología se hiciera público y de que los estudiantes comencemos a organizarnos en asambleas y realizar acciones, las autoridades del Centro Prebisch dieron una nueva muestra de que no quieren avanzar en las medidas mínimas que venimos exigiendo.
Lejos de problematizar y dar respuestas a la creciente violencia de género en el país y en nuestra provincia, Leal y Castaldo quieren dirigir la atención hacia la inseguridad, cuestión que las habilita a tomar medidas coercitivas contra el movimiento estudiantil como el ingreso de personal policial a las facultades, cámaras de seguridad internas, etc. Pareciera que el grito de #NiUnaMenos no traspasó las puertas de los decanatos.
No casualmente Castaldo se pronunció contra el corte de calle que organizamos los estudiantes y docentes, que al igual que en 2013, somos los únicos verdaderamente interesados en terminar con la violencia de género y que se tomen medidas mínimas y elementales para que nos vuelvan a suceder estos hechos.
Como hemos discutido en las asambleas realizadas, contra aquellas agrupaciones que también quieren que se imponga el discurso de la inseguridad, no plantear la violencia de género es invisibilizar el hecho específico que los secuestros y abusos son producidos contra las mujeres y que además las medidas para resolverlo son diametralmente diferentes.
Desde la Juventud del PTS y la agrupación Pan y Rosas venimos planteando la necesidad de que se aplique en la universidad un protocolo contra la violencia hacia las mujeres, que permitiría realizar medidas preventivas pero también la conformación de gabinetes de profesionales que contengas y asistan a las víctimas tanto por hechos fuera de las facultades como dentro.
Por eso repudiamos las declaraciones de Castaldo que victimizan nuevamente a nuestra compañera, a quien responsabilizan por no realizar la denuncia y por no contestarles. Es que la decana, al igual que la mayoría de los funcionarios, no saben lo que es afrontar la denuncia en comisarías dónde siempre somos indagadas como sospechosas y no como víctimas y que en la mayoría de los casos ni siquiera toman nuestras denuncias. Como proponemos, un gabinete de profesionales daría asistencia legal que permita ejercer nuestros derechos y asistencia psicológica y social para que, por ejemplo, compañeras que son de otras provincias o el interior no abandonen sus carreras por el impacto que estos aberrantes hechos significan.
Pero también exigimos se implemente el boleto educativo en toda la provincia y en todos los niveles, porque además de evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos, permitiría que las estudiantes que no cuentan con recursos económicos se expongan a estas situaciones. Como dijera una docente en la última clase pública organizada “¿ustedes creen que ellos (las autoridades), que vienen en su auto y tienen su estacionamiento privado, que vienen a las 9 y se van a las 18, les va a interesar?”.
Esta demanda elemental del movimiento estudiantil no es tomada por las conducciones de los diferentes centros de estudiantes porque dependen políticamente de los gobiernos provinciales o municipales que están en contra de tocar una parte de las ganancias de los empresarios del transporte.
Por este motivo es que sostenemos que es la autoorganización democráticas de los estudiantes junto a los docentes, de forma independiente de los funcionarios universitarios y los gobiernos, la que puede permitir conquistar nuestras demandas. Apostamos a fortalecer todos los espacios de organización como las asambleas, las comisiones de género y acciones que nos den visibilidad y apoyo de la comunidad. Necesitamos que la fuerza de los miles de estudiantes se sienta en las facultades y en las calles y por eso la participación y voz de cada estudiante es esencial. | 
