Las acusaciones señalan a un gobierno responsable de ataque a la libertad de expresión y asesinato de periodistas. Las consecuencias para Peña Nieto no son favorables.
Las repercusiones del escándalo provocado por las acusaciones de espionaje contra el gobierno mexicano no cesan.
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que indagará los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistema y equipos de informática "respecto de la supuesta intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos". Esta investigación está en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que declaró que "garantiza el derecho de las y los denunciantes”, en alusión a los periodistas y defensores de derechos humanos, como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola o el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Esto ocurre después de que la administración de Enrique Peña Nieto (EPN) declaró, en respuesta a la publicación de The New York Times que destapó el escándalo, que “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, y que condena “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”. Por su parte Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, rechazó “que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONGs”.
Sin embargo, trascendió a través de distintos medios de comunicación que cuando menos tres agencias de gobierno adquirieron el programa de malware Pegasus a la empresa israelí NSO Group, mediante el cual se habrían realizado los actos de espionaje. En particular la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la misma PGR y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen). Los vínculos entre las oficinas gubernamentales y NSO Group se remontan a 2014, cuando estaba al frente de la Secretaría de Gobernación Jesús Murillo Karam, recordado por su gestión ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las filtraciones reportadas por el diario Reforma y El País, muestran el creciente interés de incorporar Pegasus a actividades de “inteligencia” contra el “crimen organizado”, aunque como muestran las denuncias, el verdadero objetivo eran activistas, periodistas críticos y defensores de derechos humanos.
Cinismo gubernamental y ataque al periodismo
El cinismo de las recientes declaraciones del gobierno es evidente. Después de afirmar que no hay “pruebas en su contra”en las denuncias, pretende “investigarlas”. Piden que se denuncie y se presenten las pruebas ante la PGR... es como llamara confiar en que Virgilio Andrade investigue la corrupción existente detrás de la Casa Blanca.
El escándalo abierto con la publicación de The New York Times ocurre mientras continúan las protestas por el brutal asesinato del periodista Javier Valdez, como las que se realizaron la semana pasada en varios estados. Ayer, la conferencia de prensa de Miguel Osorio Chong en Culiacán, fue interrumpida por cuatro comunicadores con carteles de ‘‘Justicia para Javier Valdez’’.
El espionaje y el reciente asesinato de Valdez muestran una acción constante bajo este gobierno: el ataque a la libertad de expresión, la persecución política para los comunicadores y periodistas críticos, que llega hasta la desaparición y el asesinato. Esto no es exclusivo del actual gobierno priista. Como declaró recientemente Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, en los últimos 16 años se produjeron más de 400 agresiones, 108 asesinatos y 24 desapariciones de periodistas.
Es la expresión del carácter reaccionario del régimen político encabezado por Enrique Peña Nieto, y de la descomposición de las instituciones de esta "democracia" degradada. Ante el cuestionamiento a su administración abierto desde Ayotzinapa, la respuesta es el ataque a las libertades democráticas, perfeccionando las herramientas para espiar y perseguir a activistas opositores y periodistas críticos.
Consecuencias poco favorables para EPN
Como decíamos antes, esto estalla semanas después del asesinato de Javier Valdez. Tiene consecuencias internacionales al exhibir al gobierno como responsable del espionaje sobre connotados periodistas de México, como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. La nota de NYT se publica cuando Enrique Peña Nieto intenta aparecer, a los ojos del mundo, respecto a la crisis en Venezuela, como el defensor de la “democracia” en América Latina (y de la política estadounidense).
Su partido, el Revolucionario Institucional, viene de un triunfo muy ajustado en el Estado de México, contra el ascendente partido Morena de Andrés Manuel López Obrador. Un resultado cruzado tanto por acusaciones de fraude como por una caída pronunciada en su bastión histórico, que muestra la declinación del partido de gobierno y un panorama oscuro para las próximas elecciones presidenciales.
El desprestigio que arrastra Enrique Peña Nieto es alto, signado por el descontento popular contra su gobierno. Los ataques a la libertad de expresión, el asesinato de periodistas y el espionaje son temas sensibles para la población. Aunque aún no se expresen en movilizaciones masivas en las calles, unifican en el repudio a amplios sectores sociales del país y ponen al PRI cada vez más lejos de un nuevo mandato presidencial.
