Avalados por Cristina y Scioli, desde los ministerios de Seguridad, nacional y provincial, están tratando de instalar la idea que para este fin de año, organizaciones sociales y políticas opositoras al gobierno nacional estarían promoviendo saqueos para instalar el caos. Frente a este enemigo que construyen le oponen “comités antisaqueo”.

Este comité de “notables”, dirigido por los ministerios de Seguridad de la Nación y el bonaerense, tiene a Sergio Berni y Alejandro Granados respectivamente, a la cabeza. Para poner en pie este “plan” el secretario de Seguridad nacional y ministro de Seguridad provincial, se reunieron junto a 180 fiscales y jueces.

En esta reunión habrían armado un protocolo de actuación, para esto la Procuración de la Suprema Corte de Justicia dispuso instruir a los fiscales y defensores generales para la conformación de “comités de crisis”. La resolución 890/14 es “en previsión de eventuales desórdenes” y fue girada a las 18 departamentales judiciales de la Provincia, al tiempo que el gobierno nacional continúa amenazando sobre los riesgos que se corren debido a que grupos activos intentarían “estimular desmanes”. El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli se sumó a las presunciones oficiales al manifestar que “no vamos a permitir que un grupo minúsculo ponga en riesgo a la sociedad”.

Pero las intervenciones públicas de funcionarios nacionales y provinciales, que “advierten” de grupos que promueven el caos y los desmanes, ocultan que hay un genuino y extendido reclamo de trabajadores y organizaciones sociales y populares por el bono de fin de año para mitigar el incremento de la canasta familiar. La inflación se come día a día los ingresos de los sectores que menos tienen. Y el gobierno de Cristina y el de Scioli lo sabe. A esto le temen, y es lo que quieren reprimir si sectores sociales se proponen movilizarse para que finalmente el gobierno le otorgue el bono que reclaman.

Recién ahora los gremios opositores de Moyano, Barrionuevo y Michelli, decidieron reunirse para anunciar un paro. Los principales reclamos apuntan al impuesto al salario, que afecta a más de un millón de trabajadores, y un bono de fin de año.