En el día de hoy comenzaron a declarar los testigos de la causa en la que la justicia federal de San Isidro investiga el accionar del “gendarme carancho”.

El insólito episodio fue protagonizado por el comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales quién se arrojó sobre el automóvil de un joven que participaba de una caravana solidaria con los trabajadores despedidos de la empresa LEAR Corporation.

La causa penal N° 54342/2014 está caratulada “López Torales Juan Alberto, Galeano Roberto Ángel, Berni Sergio Alejandro s/ privación ilegal de la libertad, vejación o apremios ilegales y daños”.

En ella se investiga no solo la responsabilidad de López Torales por haberse tirado sobre el capot del auto inventando un accidente, sino también la responsabilidad de Roberto Galeano, un militar que Berni puso al mando de las fuerzas de seguridad, así como del propio Sergio Berni que reivindicado públicamente el bochornoso operativo.
Hoy prestaron declaración testimonial Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que ese día estuvo presente con una delegación de organismos de derechos humanos, entre ellos Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, Alejandrina Barry y María Victoria Moyano Artigas, hijas de desaparecidos.

También declararon Guillermo Ermili, que presenció los hechos, y una de las manifestantes que viajaba en el automóvil sobre el cual se arrojó el comandante López Torales. Ella brindó una precisa descripción de cómo se vieron los hechos desde dentro del propio automóvil que fue víctima de esta provocación y también del accionar de Galeano, primero en conjunto con la Gendarmería y después intentando infiltrarse entre los manifestantes. Lo mismo fue sostenido por Fukman.

En la audiencia estuvieron presentes los abogados del PTS, Myriam Bregman y Carlos Platkowski.

La causa había comenzado a tramitarse ante la justicia provincial y el fiscal Molina Pico imputó al conductor del auto. Hoy el expediente pasó a la justicia federal y agrupa las denuncias realizadas por el Fiscal Federal de San Isidro Dr. Fernando Domínguez, el diputado nacional Manuel Garrido y los abogados del PTS y el CEPRODH ante la Procuraduría de Violencia Institucional / PROCUVIN.