Fotos Rocío Gómez
Las denuncias proliferan, todos los días se conocen hechos graves por parte de la Policía Bonaerense que requisa a pasajeros por el solo hecho de estar arriba de un colectivo.
Las razzias se empiezan a transformar en una práctica habitual, a la que sin embargo la juventud y los trabajadores no quieren acostumbrarse.
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) recibió este lunes una nueva denuncia que se suma a la que se hizo pública la semana pasada.
“No sé si es un dato menor que estas dos personas tenían piel trigueña”
Rocío Gómez, estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires denunció que “el viernes 23 cerca de las 13, en la Avenida Camino General Belgrano antes de llegar a calle Suipacha (Municipio de Avellaneda) oficiales de la policía bonaerense detienen el colectivo de la Línea 33 (ramal M Dock Sud) en el que me encontraba camino a la facultad. Suben cinco oficiales aproximadamente, se ponen uno en cada puerta y dos mirando uno por uno al pasaje sin pedir ningún tipo de documentación. Una vez que nos observaron uno por uno, le piden a dos hombres que bajen del colectivo porque los iban a revisar. Los dos hombres vestidos con ropa de trabajo, pantalón azul como de fábrica. Los bajan del colectivo, los ponen contra la pared, les hacen el cacheo y revisan sus mochilas. Luego los hacen subir al colectivo. No sé si es un dato menor que estas dos personas tenían color de piel trigueña”.
No, efectivamente no es un dato menor el que marca Rocío, que viaja todos los días a estudiar a la facultad de Derecho y que hizo llegar su denuncia al organismo de derechos humanos para hacer pública este grave hecho.
Indigna que estas prácticas policiales tengan como blanco central a trabajadores, humildes y “de piel trigueña”, víctimas permanentes junto a la juventud de la estigmatización y humillación.
En Quilmes, además de razzias, la policía contra las Madres
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que el mismo viernes 23 por la noche se desplegó un enorme operativo policial en la estación de Quilmes y se concentró en las paradas de las líneas 263 y 281.
Los efectivos policiales detuvieron los colectivos, obligaron a bajar a todos los pasajeros, y una vez más en una imagen que recuerda a la dictadura militar, ponían a los pasajeros con las manos contra el vehículo y los cacheaban.
Además, señalan desde la CPM, fueron revisadas todas las pertenencias personales de los pasajeros al tiempo que les exigían documentos. Si alguno no lo presentaba se le impedía volver a subir.
Ese mismo día por la tarde se supo que agentes de la Policía Local pidieron que se identificaran los organizadores de la ronda mensual que realiza la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes en la Plaza San Martín de esa localidad del Gran Buenos Aires.
Ante la negativa de los miembros del organismo los uniformados convocaron a varios patrulleros con la intención de amedrentar. Este hecho fue denunciado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y por Carla Lacorte y varias víctimas y familiares de víctimas de gatillo fácil, junto a docentes y estudiantes. Apuntaron claramente contra el intendente: “Hacemos responsable al gobierno municipal de Martiniano Molina de esta nueva provocación contra los que luchamos por el castigo a los represores de ayer y de hoy, que no nos sorprende viniendo de un gobierno que predica la reconciliación con los genocidas e intentó avanzar en su impunidad aplicando el 2x1 con los jueces votados por el macrismo, el FpV y el Frente Renovador”.
En su pronunciamiento se hicieron eco del megaoperativo en la Estación de Quilmes y señalaron que, “con la excusa de la lucha contra la ‘inseguridad’, el gobierno y sus aliados intentan avanzar en el control social en medio de una situación económica cada vez más apremiante producto de las sucesivas medidas de ajuste. Quieren naturalizar la saturación de las calles con fuerzas represivas para luego aplicarla contra los trabajadores que luchan por sus derechos, como vimos con la utilización de Gendarmería para intentar quebrar la huelga de los choferes de Córdoba y ahora contra las 600 familias que deja en la calle la fábrica PepsiCo”.
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La campaña contra la llamada “inseguridad” que los medios y el gobierno agitan siempre, ahora parece tener un poco más de ímpetu al montarse sobre el doloroso asesinato del chofer Carlos Sánchez de la línea 514 y demás hechos violentos sufridos por vecinos del conurbano. Siguieron otros hechos de robo y choferes heridos en las líneas 159, 620, 111. En todos los casos, hubo paros de colectiveros, como medida de protesta. Pero las respuestas previsibles del Gobierno de María Eugenia Vidal pasaron por darle más poder a la Policía con la justificación de que eso daría más “seguridad” a los choferes.
La respuesta, una vez más, es la preocupante extensión de estas prácticas que como señala la Comisión Provincial por la Memoria “irrumpen en la vía pública vulnerando derechos y garantías constitucionales a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas”.
Se supo que operativos de características parecidas fueron llevados adelante en La Plata, Berisso y Ensenada, en al menos once puntos rotativos y en distintos horarios. Pasajeros de micros de la empresa Plaza o de la línea 275 sufrieron el mismo procedimiento en que se hace descender a los hombres, se los obliga a ponerse en fila de espaldas al micro, con las manos arriba, para ser luego revisados ellos y sus pertenencias.
En ningún momento, denunció la CPM, la Policía informó los motivos de los operativos, incluso cuando varios pasajeros lo solicitaron, ni mostraron orden judicial alguna.
A esto se le suma el alarmante aumento de personas detenidas bajo la figura de “resistencia a la autoridad”, que según informa la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Germán Garavano, se duplicó en lo que va del año. Esta “herramienta” policial de hostigamiento es una muestra más del poder indiscriminado a las fuerzas represivas (Estado penal paralelo en el que los policías se convierten en juez y parte, como caracterizó el juez de Garantías de Mar del Plata Juan Tapia).
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La Policía ataca sistemáticamente a jóvenes por portación de cara, de buzo y gorra, a los que en la calle se la rebuscan para sobrevivir en el marco de un deterioro abismal de las condiciones de vida de millones. La respuesta del Estado es más represión, más control social, más estigmatización.
Pero nunca ha sido la solución a ninguno de los problemas, menos viniendo de los principales organizadores del gran delito como el narco, la trata, el regenteo de desarmaderos, entre otros nobles ejemplos de los que se nutren las Fuerzas de Seguridad.
Hay que parar esta brutalidad, con denuncias, acciones, escraches y todas las medidas posibles. El CeProDH y el PTS se ponen a disposición y en la primera línea de esta pelea.
Una vida que valga la pena ser vivida, sin policías en cada esquina, en cada colectivo, es lo que merecen la juventud y los trabajadores. Donde haya trabajo y educación, esparcimiento y diversión y donde la vida no valga más que la sed de ganancias de los empresarios explotadores, donde por ser pibes morochos y pobres no estén a merced de caer presos o muertos a manos de la Policía. Esa vida hay que pelearla y organizarnos para construirla. | 
