Operativo “control de daños”: es la respuesta oficial al escándalo del espionaje contra periodistas y activistas, con la ola de violencia contra reporteros como telón de fondo, que no cesa.
Así es que la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) informó que comenzará una pesquisa sobre el “presunto” espionaje a periodistas y activistas en México dado a conocer por The New York Times el 19 de junio pasado.
De acuerdo con Ricardo Sánchez, fiscal especial para Delitos Relacionados contra la Libertad de Expresión, en las averiguaciones intervendrán el FBI, la Unión Internacional de Comunicaciones, dependiente de la ONU y la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros organismos internacionales.
El funcionario dio a conocer que se investigará a las empresas que han comercializado equipos para el espionaje telefónico, para indagar, si han vendido los equipos a empresas estatales o privadas, y se solicitará a las compañías telefónicas que entreguen los registros de las llamadas a los celulares de los periodistas y activistas investigados para establecer si fueron o no infectados con el malware Pegasus.
Ante el escándalo, el gobierno de Enrique Peña Nieto niega todo. Daniel Millán, director general de medios internacionales de la Presidencia de México, remitió al The New York Times, una carta en la que afirma que “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”. Y que el gobierno mexicano repudia “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Recién a los cuatro días de hecha pública la información sobre el malware, Peña Nieto hizo declaraciones. Fue para victimizarse, afirmando con un cinismo sin límite que él mismo como presidente también se sentía espiado y aseguró que esperaba que la ley se aplicara “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.
Amenazas, así responde el gobierno responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la entrega y del saqueo de recursos del país con las reformas estructurales como la laboral, la energética y la educativa. | 
