Imagen: Ministra de Salud, Patricia García
El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Godofredo Talavera, declaró que el “sector se encuentra en peores condiciones que en julio del 2016” y exigió la renuncia de la Ministra de Salud, Patricia García, quien ha sido objeto de críticas por los problemas con el dengue en el norte del país. A su vez, Talavera confirmó el llamado a huelga nacional indefinida para el día 4 de Julio.
El contexto parece dar evidencias de estar ingresando en un período de lucha de clases más claro, más explícito. El gobierno -junto con los empresarios- ajusta y los trabajadores se expresan en conflictos como el de los docentes en Cusco, la huelga nacional de mineros convocada para el próximo 19 de julio y la huelga nacional de trabajadores docentes para el 12 del mismo mes. Es necesario que las y los trabajadores puedan organizarse y convocar a una huelga general que deje de lado las dirigencias sindicales burocratizadas y demuestre realmente el peso que tiene la movilización de quienes todos los días hacemos funcionar al mundo.
El 90% de los trabajadores se atienden a través del sistema de salud público a cargo del ministerio de Salud, lo que significa que el estado de crisis actual de la salud afecta principalmente a la calidad de vida de todos los y las peruanas. “No tenemos medicinas, reactivos, equipos, ni personal profesional en los nosocomios. Además no se puede solucionar aún la deuda de 700 millones de soles del SIS (Seguro Integral de Salud), lo cual perjudica a los pacientes", sostuvo Talavera al criticar la gestión de Patricia García quien ni siquiera pidió un aumento respecto del presupuesto del periodo anterior.
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Por su parte, el decano nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, se pronunció solicitando la renuncia de la Ministra de Salud y también caracterizó a la crisis como un “gran desabastecimiento de medicinas, insumos, recursos humanos” y una desfinanciación del Sistema Integral de Salud.
La burguesía destruye la salud pública, busca leyes precarizadoras de jóvenes, ansiando más flexibilización laboral y nuevos ataques a la libertad de expresión (incorporación del artículo 316-A en el Código Penal) con el objetivo de extender el poder de persecución y criminalización a través de una herramienta legal que sólo favorece a los que más tienen. Por eso llamamos a una huelga general con urgencia. ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias! | 
