Los medios Milenio y Televisa filtraron imágenes de un contrato que prueba que la Procuraduría General de la República adquirió del Grupo Tech Bull, S.A. de C.V. el malware de espionaje Pegasus, mismo que según documentó el diario The New York Times, fue utilizado por el gobierno mexicano para espiar defensores de derechos humanos, activistas, periodistas e inclusive a un menor de edad.
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Según documentan, la PGR pagó 32 millones 16 mil dólares por el programa Nso Pegasus y el contrato con la empresa fue firmado bajo la administración de José Murillo Karam, en octubre de 2014. La firma de Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, también figura en el contrato. Ambos personajes son protagonistas en el intento del gobierno de Enrique Peña Nieto de imponer la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa y de las múltiples irregularidades que existieron durante las investigaciones en torno a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014.
De acuerdo con un acta de noviembre de 2015, Arely Gómez recibió el programa de la administración de Murillo Karam, destinado a utilizarse contra 500 objetivos simultáneos. Según los documentos presentados, Noé Ramírez Guitiérrez, jefe de la oficina de la procuradora, era el encargado de administrar y operar Pegasus. Rafael Aviléz, entonces director general de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia, sería el administrador del contrato con la empresa proveedora.
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La empresa Tech Bull se dedica a la "venta de inteligencia y seguridad" al gobierno de México y según señala Aristegui Noticias, es subsidiaria de Balam Seguridad Privada, investigada por vínculos con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Según informe de Citizen Lab consultado por Milenio, las dependencias que usaron el programa fueron la PGR, la Secretaría de la Defensa y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). | 
