En un comunicado del Copinh se denuncia el atentado que se registró pasadas las 14 horas, cuando Zúniga Cáceres y sus acompañantes, Sotero Chavarría y Asunción Martínez, regresaban a la comunidad de Cancire, en el municipio de Santiago Puringla, La Paz. El ataque se produjo en dos ocasiones por cuatro hombres armados con machetes, quienes intentaron atravesar el camino de los activistas y fueron amenazados desde el auto que los transportaba y cuyas placas fueron identificadas.
El comunicado del Copinh, agrega “Gracias a la habilidad del conductor no pudieron detener ni machetear el carro, sin embargo, el cuarto hombre, conductor del auto Toyota Tacoma arrojó una piedra que golpeó la parte de arriba de la ventana del conductor del Copinh.” El atentado continuó y dio persecución a los activistas para luego frenar el auto donde se encontraban de manera peligrosa durante 10 minutos.
Organizaciones sociales, de derechos humanos y el Copinh han hecho un llamado a repudiar el incidente y cualquier atentado que se produzca contra las comunidades que se encuentran resistiendo el despojo de sus recursos, donde participa activamente el Copinh. Es el caso de la injerencia que han tenido empresas de origen estadounidense (USAID) en Lomas de San Antonio y Las Delicias que pretenden robar las fuentes de agua y cuyas comunidades han sido afectadas por la construcción de la represa hidroeléctroca Zazagua.
Desde México y la organización del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) y la agrupación de mujeres Pan y Rosas repudiamos este hecho y responsabilizamos al régimen hondureño de cualquier daño que atente contra la integridad física de los activistas. Este hecho no puede considerarse como un elemento aislado, pues el gobierno que representa Juan Orlando Hernández ha mostrado su carácter profundamente represivo contra el conjunto del movimiento social y la resistencia en Honduras.
Y es que el caso del asesinato de la indígena lenca Berta Cáceres continúa en la impunidad a más de un año, cuando familiares y defensores de derechos humanos, así como organizaciones internacionales denuncian el crimen y su vínculo con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, construido sobre el río Gualcarque, por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
De la misma forma es el ataque contra la juventud y el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), que mantiene militarizada la universidad más importante del país centroamericano, mientras la “justicia” hondureña mantiene prisioneros a tres estudiantes con una pena de 4 años de prisión por participar en la lucha estudiantil y a otros 4 estudiantes en una huelga de hambre por oponerse a las condiciones represivas y de ataque a la educación, que lleva a cabo la política de rectoría con Julieta Castellanos. | 
