Fotografía: Nosotras decidimos.

El principal reclamo de la movilización fue el rechazo a una reforma del Código Penal que mantiene y profundiza la penalización del aborto. El pasado martes, la Iglesia se hizo presente en el Parlamento para exigir la ratificación del mismo y obstruir, una vez más, este derecho fundamental.

En República Dominicana, como en muchos países de Latinoamérica, la Iglesia actúa como una gran fuerza aliada al Estado contra las mujeres. Allí, el aborto está punido por ley. El artículo 317 del Código Penal otorga condenas de dos a cinco años para las mujeres que lo practiquen, y de cinco a veinte años para el personal médico que intervenga en su asistencia. A su vez, la propia Constitución lo prohíbe en diferentes artículos, como el 37, que determina que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.

Esta legislación, heredada de 1844, ha sido avalada con cada modificación del Código que hubo desde entonces. Actualmente, se encuentra en tratativas un nuevo proyecto de reforma penal, respaldado por la curia, que elimina cualquier posibilidad de aborto, incluso en casos de riesgo de vida para la mujer o violación, e implica el incremento de penas de hasta diez años para las que lo realicen.

La reacción de las mujeres no se hizo esperar y el propio presidente Danilo Medina debió pronunciarse, generando una fuerte reacción por parte de la Iglesia, que acabó por irrumpir en el Parlamento apelando a Dios y la ley para evitar que se desarrollara el debate.

El 25 de noviembre, durante el 54° aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal –las “mariposas” que enfrentaron la dictadura de Rafael Trujillo–, mientras en las cámaras se discutía el mencionado proyecto de reforma del Código penal, organizaciones de mujeres y de derechos humanos se manifestaron en las calles de República Dominicana.

Una multitudinaria marcha recorrió el tramo que va desde el Parque de la Independencia al Palacio Nacional, exigiendo al gobierno que rompiera con las restricciones impuestas por la Iglesia y se tratara finalmente el aborto.

Medina no recibió a las mujeres como éstas reclamaban pero, luego de la movilización, el pasado lunes 1 de diciembre, envió una carta al Congreso con observaciones a distintos puntos concernientes al aborto, y planteó la necesidad de volver a incluir en el Código el artículo 90 (aprobado en 2013 por Diputados pero suprimido por el Senado) que refería a la permisión de la interrupción del embarazo en casos de “estado de necesidad”. Como bien se encargó de aclarar el mandatario, este “estado” debe ser especificado: solo involucraría aquellas situaciones "cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida".

A pesar de que Medina no busca incluir en el Código la legalización del aborto –a lo cual se opone-, la indignación de sectores religiosos llegó inmediatamente. Al día siguiente, el martes 2, se hicieron presentes en la Cámara suplicando a Dios que “ilumine la mente” de los congresistas para que rechacen las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a los artículos 107, 108, 109 y 110, y salieron a condenar el aborto en todos los medios de comunicación. Ahora se prevé que la pieza sea derivada a la Comisión Permanente de Justicia para su ponderación, demostrando el enorme peso que la Iglesia Católica ejerce en el país y la injerencia sobre la vida de miles de mujeres dominicanas.

Las relaciones entre el poder político y el poder eclesiástico contra los derechos de las mujeres se han evidenciado históricamente en República Dominicana. Pero este nuevo avance no se da en cualquier contexto. Por el contrario, encuentra su correlato en lo que sucede en distintos países de Latinoamérica, como Paraguay, donde el Episcopado y la derecha frenaron un proyecto de ley “contra la discriminación” alegando que implicaba un impulso para el aborto y los homosexuales; o aquí en Argentina, donde el Vaticano y el kirchnerismo han dejado claro que no otorgarán el aborto, acordando un Código Civil que está por detrás del sancionado en 1869.