De acuerdo con el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, señala que el 2016 cerró con 637 casos de feminicidio, siendo Ecatepec, Ixtapaluca y Netzahualcóyotl como los municipios con más alto índice de feminicidios en dicha entidad.
En este marco y a 7 años de impunidad por el feminicidio de Mariana Lima Buendía, es que fue convocada una movilización el pasado 1 de julio en las Avenidas Sor Juana Inés de la Cruz y Chimalhuacan del municipio de Netzahualcóyotl para culminar con la colocación de 3 cruces rosas de 5 metros de altura enfrente del Palacio Municipal de Netzahualcóyotl, en donde los mismos funcionarios del municipio se opusieron a la colocación de dichas cruces y que por presión de los asistentes de la marcha se pudieron colocar sobre el camellón de Avenida Chimalhuacan.
La movilización, convocada por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía también estuvo acompañada por figuras como Norma Andrade, organizaciones políticas y de derechos humanos, así como familiares de otros casos de feminicidio como Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio.
A casi dos años de que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional) acordó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres el 28 de julio de 2015, como exigencia de algunos grupos feministas; la AVG se declaró en once municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, esta medida muestra su impotencia ya que no se han frenado los feminicidios y además siguen en aumento.
En este sentido, recordemos el caso de Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, niña de 11 años y víctima de feminicidio en Netzahualcóyotl el pasado 8 de junio del presente, en donde los funcionarios actuaron de manera negligente ante las medidas implementadas en la AVG así como el hecho de que en muchas ocasiones es inoperable dicho protocolo, lo que genera el descontento de algunas organizaciones sociales y de derechos humanos.
Cabe recordar que la Alerta de Violencia de Género refuerza la política de militarización del país, bajo el argumento de poder llevara a cabo una intervención activa del ejército y poder hacer una declaratoria de “toque de queda” para la población.
No olvidemos el resultado que tuvo el programa “Todos somos Juárez”, el cual llevo a los militares a las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua y que como consecuencia hubo un incremento en la violencia, los feminicidios y el fortalecimiento de las redes de trata. |
