Facundo Romero denunció en su perfil de Facebook que no le permitieron donar sangre en una institución pública de salud de la provincia de San Juan, sencillamente por su orientación sexual.
"Luego de hacer los análisis de rutina (hemograma y grupo-factor) y de rellenar una encuesta bastante arcaica e invasiva una señora, personal del instituto, lee la entrevista justo antes de empezar y me dice que no puedo donar, simple y llanamente por el hecho de ser gay. Cuando me dijo eso me quedé bastante shockeado, al ver mi cara empezó con una serie de justificaciones baratas y sin sentido, la traté con el mayor de los respetos, intenté entender que no era su culpa, que tal vez ella solo hacía su trabajo por lo que abandoné el lugar y a medida que salía empecé a llorar hasta que salió mi amiga."
"Mi sangre es igual que la de todos" denuncia el joven. "Consigamos entonces, que se haga cumplir la ley en una institución PÚBLICA, o al menos visibilizar la situación que puede sufrir la gente al intentar realizar un acto tan altruista y generoso como donar sangre."
La ley a la que hace referencia, es la Nº 22.990, que fue modificada en el año 2015 para terminar con la cláusula discriminatoria que en los formularios para donar, excluía explícitamente a quienes hubieran tenido relaciones con personas de su mismo sexo, entendiéndolas con el reaccionario concepto de "grupos de riesgo". Inclusive a las mujeres se les preguntaba si habían estado con hombres que hubieran mantenido sexo con otros hombres.
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Todas estas prácticas discriminatorias son herederas de la utilización estigmatizante que los diferentes gobiernos (empezando por el norteamericano de Ronald Reagan) hicieron de la crisis del HIV durante los años 80, instalando el sentido común de los "grupos de riesgo". De esta forma evitaron invertir en investigación, hablar de las prácticas que podrían ser riesgosas (más allá de la orientación sexual de las personas) y hacer accesibles mediante la salud pública los métodos de prevención de la transmisión del virus.
No sorprende que el sistema público de San Juan repita estas prácticas estigmatizantes y conservadoras. El gobierno de Sergio Uñac, que llegó al poder a través del FPV-PJ, es célebre por su campaña de adoctrinamiento auspiciando libros infantiles con contenido pro minero, en la que se imprimieron 50 mil ejemplares para llevar a las escuelas de San Juan. Los recursos económicos están, para hacer esta campaña pro-empresarial y minera en la educación pública, pero el gobierno no mueve un pelo para aplicar la Ley de Educación sexual Integral en las escuelas.
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Tampoco destinan presupuesto a combatir la violencia de género y que haya refugios para las víctimas, como plantea el proyecto presentado desde el Frente de Izquierda. Presupuesto que podría salir, por ejemplo, de las retenciones que no pagan las mineras. El gobierno de San Juan, por su parte, como Alicia Kirchner, fue consecuente con esta política nacional de Cambiemos.
Apoyan su política de ajuste en sostener la moral católica conservadora y la discriminación. Es necesario que las personas LGTBI nos organicemos de forma independiente del estado y los partidos patronales, de Cambiemos y la falsa oposición del massismo, el PJ y el kirchnerismo, porque nuestras vidas, nuestra salud y nuestra educación valen más que sus ganancias. |