Es principio elemental de clase, que los trabajadores o los sectores democráticos que se dicen solidarios con las luchas del movimiento obrero ante la patronal, no deben justificar la liquidación de ningún contrato colectivo de trabajo. Y si, producto de duras luchas o de circunstancias especiales donde la bonanza de los patrones o accionistas mayores les permitiera otorgar prestaciones importantes, lejos de demandar una baja salarial o una reducción del contrato de trabajo, debemos demandar la homologación de los salarios de los sectores más pauperizados con los mejor pagados.
Todo conflicto obrero patronal expresa una lucha de clases, y por lo tanto, una ubicación de sectores sindicales, sociales y políticos en relación a los intereses que ponen sobre la mesa dichos conflictos. Por lo que, siempre habrá dos criterios generales sobre de qué lado ubicarse en estas expresiones de la lucha de clases.
Uno es el que parte de que cada pérdida de derechos conquistados (los cuales son irrenunciables), o cada derrota importante de un sindicato o un movimiento, debilita a la clase trabajadora en su organización y en su política, abonando en contra de su recomposición
El otro criterio –histórico- reforzado con el auge del reformismo en el movimiento obrero a principios del siglo XX, es el que justifica las políticas patronales en tanto se mantienen las posiciones conquistadas (la fuente de trabajo), y se mantiene la unidad de todos los que están en el “campo” democrático ante el embate del régimen autoritario o la dictadura.
Esta última es una posición que embellece las “maravillas” del “capital social”, y solo lucha por humanizar la explotación. En aras de estos sagrados principios, se les pide a los trabajadores “comprensión” para aceptar la pérdida de derechos, y así mantener la empresa que, en esos casos, “es de todos”.
Esto pasa comúnmente en las grandes empresas como Telmex, donde el magnate Carlos Slim pide a sus trabajadores (a través de una dirección sindical que garantiza al patrón sus ganancias) que renuncien a sus conquistas para salvar la empresa ante el embate de la competencia y el gobierno que privilegia a otro monopolios.
Defender derechos sindicales no es estar con el enemigo
El falso argumento de importantes intelectuales de centroizquierda (algunos ligados al Morena como Paco Taibo ll y Rafael Barajas El Fisgón) de que la huelga le hace el juego al gobierno, o de que el país casi se hundiría si se acabara La Jornada (por culpa de la huelga), es solo para justificar la liquidación del 70 por ciento del contrato colectivo de trabajo.
Ante la pregunta del famoso caricaturista de “¿qué sería del país sin La Jornada?”, cualquier trabajador podría contestarle “¿qué sería de La Jornada y de todas las empresas y los patrones sin los trabajadores?
En este debate, evidentemente El Fisgón no parte de un mínimo criterio clasista para hacer sus afirmaciones y preguntas.
O como afirma Taibo II, que el diario “es fundamental para enrumbar la democracia“, poniendo como disyuntiva, o la defensa del contrato colectivo de los trabajadores o la “democracia”, al mismo tiempo que liquida el rol de la clase trabajadora –ese sí fundamental- como actor central del cambio en el mundo del trabajo.
Taibo II, como el buen historiador que es, sabe muy bien el rol que desempeñaron las huelgas de Cananea y Rio Banco como precursoras de la revolución mexicana que acabó con el régimen porfirista. Pero ahora, incluso propone una concentración de lectores del diario con los riesgos que esta medida puede provocar.
Independientemente de que el Sitrajor propone la intervención como mediador a un personaje como Miguel Mancera, conocido por su política antilboral (outsourcing y despidos) contra los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, la lucha por la defensa del contrato colectivo de trabajo y el derecho a huelga son justos e irrenunciables.
Esta faceta de estos reconocidos intelectuales de centroizquierda (sobre todo Taibo II), que en los hechos están pronunciándose contra el derecho de huelga, tira por la borda el prestigio logrado por sus posiciones democráticas respecto a la injusticia contra los trabajadores.
En el caso de La Jornada, y ante la mala administración de sus altos directivos que cobran salarios muy altos, nosotros decimos: ¡que la crisis la paguen los privilegiados, no los trabajadores!
Lamentablemente, organizaciones de izquierda, cediéndole al criterio empresarial de la centroizquierda, y alejándose de los principio de clase, se han pronunciado en contra de la huelga.
Solamente si una huelga fuera injusta (como para golpear a una minoría étnica o sexual), sería correcto no solidarizarse con ella.
Por lo que estas organizaciones de izquierda tendrían que explicar al movimiento obrero, porqué una huelga estallada para impedir la liquidación del contrato colectivo de trabajo, es injusta.
Deberían ir a plantear esta posición a una asamblea de los trabajadores agrupados en la CNTE afectados por la reforma “educativa”; con los obreros agrícolas del Valle de San Quintín; con los mineros que, pese a no contar con una dirección democrática, mantienen la lucha por la no liquidación sus contratos colectivos; o con las y los obreros de las maquiladoras del norte del país que han estallado duras huelgas contra la liquidación de su contrato colectivo de trabajo.
A ver si los convencen. | 
