Los casos de falsas amenazas de bombas estuvieron plagando los portales de noticias en las últimas semanas. Ha sucedido más de una vez en Rosario. Muchas veces son “bromas” de estudiantes en épocas de examen o elecciones universitarias, en otros momentos suceden “sin razón aparente”.
Jueces y fiscales se propusieron dar “penas ejemplificadoras” para que esta práctica cese, y durante el mediodía del martes una adolescente de 16 años, que cursa el cuarto año de la secundaria en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Santa Fe, fue puesta en prisión domiciliaria por personal de la Unidad Regional I.
La ministra de educación Claudia Balagué, expresó su preocupación, no porque se dicte prisión domiciliaria a esta joven, sino ante el hecho de que con estas falsas amenazas “destruyen el normal funcionamiento de las escuelas”. En Rosario, por causas similares sobre amenazas de bomba, se pidió para un joven de 20 años tres años de prisión de ejecución condicional por “intimidación pública”.
La justicia actúa con una celeridad insólita, para sancionar penalmente a estos jóvenes y adolescentes. Sin embargo entorpece procesos y manipula causas cuando se trata de garantizar impunidad a funcionarios públicos, o a la policía. | 
