Fotografía: DYN
El ex jefe de la Unión Ferroviaria cumple en la cárcel de Ezeiza la sentencia de 15 años prisión, a la que fue condenado como coautor del crimen de Mariano Ferreyra. En octubre pasado, los jueces del Tribunal Oral Criminal N° 21, el mismo que lo condenó por el homicidio, rechazó el pedido de prisión domiciliaria que José Pedraza solicitó a través de su abogado, Carlos Froment. Hasta hoy, el Tribunal Oral dispuso que Pedraza tenga todas las atenciones médicas necesarias según su patología. Y consideró que su tratamiento físico-psíquico puede realizarse sin inconvenientes en la cárcel de Ezeiza, donde continúa alojado. Pero su abogado evalúa que su cliente no recibe la atención correspondiente, por lo cual no descarta presentar un hábeas corpus. La apelación ante la resolución del Tribunal Oral está en manos de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Elena Catucci, Juan Gemignani y Ana María Figueroa.
De resolverse favorablemente al pedido de Pedraza, éste gozaría del privilegio de vivir en uno de sus lujosos departamentos, obtenido con las ganancias producidas por la estafa laboral que significó la tercerización laboral que él, juntos a funcionarios del gobierno K y empresarios, perpetuaron (y aún continúa) en el ferrocarril.
Por eso debemos oponernos a que bajo ningún pretexto José Pedraza quede en libertad. Porque seguimos reclamando por justica por el crimen de Estado cometido contra el joven militante Mariano Ferreyra. Porque seguimos denunciando que no están presos todos los que fueron los ideólogos de parar la lucha de los tercerizados a como dé lugar. Empresarios ferroviarios y funcionarios del gobierno de Cristina estaban al tanto de que ese día en que asesinan a Mariano, una patota armada iría a parar la movilización. Durante el juicio esto quedó demostrado. Quedó en evidencia quiénes usufructuaron la explotación a destajo que padecían los trabajadores tercerizados. Quedó expuesta cómo funcionaba esa “asociación ilícita” que estafa a los trabajadores.
La precarización laboral en el ferrocarril fue posible por la “asociación ilícita” entre el Estado (Secretaría y Subsecretaría de Transporte y Ministerio de Trabajo), los empresarios de la UGOFE (Metrovías-Grupo Roggio, Ferrovías-Grupo Romero y TBA-Cirigliano) y la Unión Ferroviaria-UF). La Secretaría de Transporte entregaba millones de pesos a las empresas tercerizadas, elegidas a dedo por la UF y la UGOFE.
A más de cuatro años del crimen seguimos denunciando quienes fueron los autores intelectuales. Mariano Ferreyra, ¡presente! | 
