La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) sostiene que las grabaciones de video-vigilancia de la UNAM, muestran a Lesvy y su acompañante, a las cuatro de la mañana del día de los hechos a un costado del Circuito Escolar de Ciudad Universitaria discutiendo. Así como el momento del supuesto suicidio de Lesvy “en presencia de su acompañante, quien no lo evitó cuando le fue posible hacerlo”.
A partir de esta investigación ministerial, la Procuraduría afirma tener un caso de homicidio simple doloso pues el acompañante tenía la “obligación jurídica de impedirlo”. El 5 de julio, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra del imputado y el día 6 lo ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para esperar la audiencia inicial. La familia de Lesvy nunca fue notificada, y rechazó las declaraciones de la Procuraduría, denunciando inconsistencias graves en la investigación y sostuvo que se trató de un feminicidio.
Los feminicidios son crímenes de Estado
Lo que se presenta como avances legales en materia de género no han sido ni serán suficientes para frenar la violencia que viven todos los días las mujeres; particularmente en los casos que llegan a investigarse como feminicidio el Estado tiende a responsabilizar a las víctimas por su propia muerte y buscar elementos que justifiquen al agresor, dejando la mayoría de los feminicidios impunes.
Abogados y defensores de derechos humanos han denunciado que la Procuraduría de la Ciudad de México y en particular el ex procurador Rodolfo Ríos Garza tienen responsabilidad directa por irregularidades, violaciones a debido proceso y a los derechos de las víctimas en casos como el de Lesvy, Yakiri, Narvarte, Heaven, entre otros. Los ataques, revictimización y criminalización caracterizaron el ejercicio de Rodolfo Ríos Garza.
En el caso de Lesvy, la PGJCDMX comenzó diciendo que ella no era estudiante, que estaba en Ciudad Universitaria a altas horas de la noche, que consumía drogas y bebidas alcohólicas. Posteriormente señaló que la línea de investigación que se seguía era por suicidio y no fue sino después de una marcha de miles de personas en Ciudad Universitaria que activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio. Aún así, fue hasta el 5 de julio que la familia de Lesvy tuvo acceso a la carpeta de investigación y las grabaciones, impidiendo corroborar que la investigación se hiciera de acuerdo a los protocolos de violencia de género y violando la Ley General de Víctimas. Hoy, la Procuraduría quiere lavarse la cara con un caso sustentado en irregularidades y elementos de prueba circunstanciales que podrían fácilmente ser desechados en el proceso penal.
No es sólo la Ciudad de México
El sexenio de Enrique Peña Nieto también ha estado caracterizado por la impunidad, la inseguridad y la corrupción: Tlatlaya, Ayotzinapa, la Casa Blanca, el aumento de feminicidios, la persecución y asesinato a luchadores sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, entre muchos otros casos, siguen probando que el Estado en todos sus niveles es responsable. Un Estado que, lejos de ser “fallido”, le es útil a quienes necesitan acallar esas voces críticas que gritan ¡Nunca más! ¡Justicia! |
