Un nuevo escándalo internacional sacude al gobierno de Enrique Peña Nieto. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tiene inmunidad diplomática, fue espiado con el malware Pegasus para entorpecer la investigación sobre el caso Ayotzinapa, según un artículo publicado en la portada del New York Times (NYT) de este lunes 10 de julio.
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Según el NYT, un análisis independiente elaborado por el Citizen Lab está confirmado que uno de los teléfonos celulares utilizado por el GIEI durante su estancia en México recibió mensajes de texto con un hipervínculo, que ocultaba el malware llamado Pegasus.
No era cualquier teléfono: se trataba del celular utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”, de acuerdo con la nota publicada en el periódico estadounidense.
El espionaje, según el informe de Citizen Lab, se realizó en marzo de 2016, la fecha en que el GIEI elaboraba su informe final.
En particular, los mensajes fueron enviados el 1 de marzo -después de que la Procuraduría General de la República (PGR) y el GIEI anunciaran un nuevo peritaje en Cocula- y el 4 de marzo –al día siguiente de que el grupo de expertos solicitó apoyo a la Unión Europea. El 24 de abril de 2016 el GIEI publicó su informe final.
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En el artículo del NYT se afirma que “es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas han sido afectados por la misma tecnología”.
"Los investigadores dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo", abunda la nota.
La evidencia de espionaje contra el GIEI revela otro intento del gobierno de Peña Nieto de impedir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, que le abrió una crisis de la que nunca ha podido recuperarse.
#FueElEstado es la denuncia que recorrió un amplio movimiento democrático por la aparición con vida de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y justicia para los estudiantes y los pobladores asesinados durante la masacre de Iguala el 26 de septiembre de 2014. El movimiento se extendió hasta inicios de 2015.
La denuncia mantiene toda su vigencia cuando el gobierno ha desplegado una nueva ofensiva contra las escuelas normales rurales, como se vio en la represión contra las y los normalistas de Cañada Honda (Aguascalientes), Panotla (Tlaxcala) y Tiripetío (Michoacán). Así es como Peña Nieto y Aurelio Nuño quieren imponer la reforma educativa.
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