El día de mañana, el fiscal federal federal Eduardo Taiano pedirá la declaración indagatoria de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. Es por la causa que investiga la adquisición de un inmueble valuado en más de $43.000.000 para la Procuración, efectuada en 2013. El mismo se encuentra ubicado en la calle Perón 667 donde funciona su oficina.
El juez federal Julián Ercoloni deberá resolver si cita a la procuradora general de la Nación, integrante de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima.
La compra del edificio en cuestión se había realizado por medio de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Quien actuara de intermediario, Juan Carlos Thill, recibió casi $3.000.000 por la operación a modo de comisión y es hermano de Guillermo Bellingi, un importante ex funcionario del área de contrataciones de la Procuración General de la Nación. La acusación que pesa sobre Gils Carbó y el resto de los implicados es que la licitación estaba decidida antes de cobrar estado público.
Desde el organismo sostienen que la procuradora fue víctima de la actitud desleal de sus subordinados, desligándola de la responsabilidad política de la compra aunque haya sido firmante. En su defensa, alegaron que más de veinticinco empleados fueron parte del proceso y que se habrían realizado auditorías internas y externas. Bellingi, por su parte, fue desplazado de su cargo apenas estalló el escándalo.
El gobierno ya había intentado desplazar a Gils Carbó de su cargo y ven ahora mayores posibilidades de que suceda. Ella ya ha declarado en entrevistas radiales que no planea irse y que, llegado el caso, recurrirá a la Justicia.
No obstante, los correos electrónicos entre los previos dueños del inmueble y los representantes de la inmobiliaria Jaureguiberry, así como los millones de pesos de comisión en juego, complican a la procuradora y a su círculo cercano. | 
