Ayer por la tarde, el Ministerio de Trabajo de Córdoba decidió extender hasta el 2 de agosto la conciliación obligatoria entre las empresas del transporte urbano y la UTA por los 180 despidos producidos luego del paro de 9 días del mes pasado.
Luis Arcando, interventor de la regional Córdoba, fue quien propuso extender la conciliación de manera voluntaria y reunirse de nuevo el 18 de julio. Arcando fue ratificado como interventor en un congreso extraordinario del gremio a fines de junio y las elecciones locales se realizarán recién a fines del 2018.
La propuesta del interventor a las empresas y al Ministerio se basa “en razón de llevarse a cabo las negociaciones a nivel nacional”. Las “negociaciones” a las que se refiere son nada menos que la quita de la tutela sindical y de los fueros a delegados y delegadas de las empresas Tamse y Aucor, quienes ya se encuentran suspendidos en este momento.
La excusa sería que “se descolgaron de la organización” y pretendían que se llamara a elecciones antes del congreso extraordinario. “Creo que el período de los delegados se terminó porque no tiene más legitimidad”, afirmó Jorge Kiener, secretario del interior de la UTA. Este viernes se realizarán en la sede de UTA y con la presencia de dirigentes nacionales, asambleas de Tamse y Aucor “en las que podrán participar todos los trabajadores de ambas empresas y los delegados podrán ejercer su derecho a defensa”, según afirmó Kiener.
Lo cierto es que choferes despedidos de ambas empresas han denunciado aprietes por parte del gremio y la patronal para firmar el pedido de desafuero de los delegados, bajo la amenaza de no ser reincorporados.
Hace dos semanas, delegadas de Tamse también denunciaron públicamente amenazas telefónicas a conductoras de trolebuses despedidas que iban a realizar una movilización a la Municipalidad. El lunes pasado, unas 15 personas que se hacían pasar por choferes increparon a un delegado de Aucor que estaba protestando en la sede del gremio junto a trabajadores despedidos. | 
