Este miércoles, mientras se conocía que el Ministerio de Finanzas nacional volvía a autorizar la toma de deuda externa por US$ 750 millones, crecían los cuestionamientos a su titular por otro “conflicto de intereses”. Así se ha llamado, de manera bastante eufemística, a los negociados que hacen los empresarios en el Gobierno con el propio Estado.
La revista Noticias dio a conocer, hace pocos días, un informe que mostraba que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) del Anses transfirió $ 450 millones a un fondo cuya titularidad había sido la del mismo Luis Caputo.
El titular del Anses es Emilio Basavilbaso, el mismo funcionario que quedó en el ojo de la tormenta hace pocos meses, cuando estableció un cambio en el sistema de haberes para calcular la suba de los haberes jubilatorios. La medida perjudicaba claramente a jubilados y pensionados.
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El fondo Axis –tal es la denominación- recibió ese monto a mediados de 2016, como parte de las inversiones del FGS. Caputo fue el presidente del fondo hasta diciembre de 2015.
Según el artículo 15, inciso B de la Ley de Ética pública, los funcionarios tienen que abstenerse de “tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años”. Los tiempos son claramente menores, superando apenas los 6 meses.
Hasta aquí, el “conflicto de intereses” existe pero sería moderado. Sin embargo, el FGS tiene una estructura interna que define como se autorizan estas transferencias. Para poder realizarlas, el titular del Anses tiene que contar con la aprobación de un comité ejecutivo. En el mismo estaba el mismo Caputo, cuando se realizó la millonario operación. Así, el ministro de Finanzas autorizó esa transferencia.
Pero las cosas no terminan ahí. Caputo dejó de ser titular de Axis pocos días antes de asumir en el Gobierno nacional. Sin embargo, su declaración jurada de diciembre de 2015 indica que mantenía inversiones personales a través del mismo fondo.
Así, la transferencia que autorizó Basavilbaso termina beneficiando al actual ministro de Finanzas, en tanto cliente del fondo. Un negocio redondo.
CEOcracia y negocios del Estado
A inicios de 2017 tomó estado público el escandaloso acuerdo que habían firmado el Correo Argentino y el Gobierno nacional, por el cual se condonaban cerca de $ 4.000.
El acuerdo, que implicaba un beneficio sideral para la empresa que está a nombre del padre del actual presidente, significó un golpe muy duro para la imagen del primer mandatario. Las encuestas registraron entonces una caída de la imagen de Macri que se reforzaba por el crecimiento de la pobreza a nivel general.
Lo que ese acuerdo puso de manifiesto, de manera evidente, es la relación que mantiene la cúpula de la actual administración con el Estado. Empresarios y CEO, al llegar a la Casa Rosada, no dejaron a un lado los negocios que sostenían cuando se desempeñaban en el ámbito privado.
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Durante meses, ejemplificando esto que señalamos, la Argentina se vio sacudida por el debate acerca de si Juan José Aranguren debía o no vender sus acciones en Shell. El extitular de la multinacional petrolera en la Argentina tenía, nada y nada menos, que $16 millones de pesos en acciones de la empresa. Ocupaba (y ocupa) el cargo de Ministro de Energía y Minería. La cartera tiene, entre otras funciones, la de autorizar las subas de tarifas para esas empresas.
Aranguren siempre dijo que él no autorizaba de manera directa las operaciones relacionadas con las empresas del sector, sino que lo hacía un funcionario de menor rango. La sola idea de que eso es algo parecido a la independencia, es de por si absurda. No está demás agregar que, a lo largo de 2016, las petroleras estuvieron entre las que mejor salieron paradas en cuanto a ganancias.
El mismo Macri, como ya señalamos antes, se encuentra cuestionado en más de un caso por los llamados “conflicto de intereses”. Además del escándalo por el Correo Argentina, el presidente fue imputado por el caso de la empresa aérea Avianca.
La empresa es una de las low cost que desembarcó en Argentina recientemente, gracias a las autorizaciones del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. La imputación está ligada al hecho de que Avianca se quedó con la empresa Mc Air Jet, que pertenecía a la familia del presidente.
Después del escándalo del Correo Argentino, el Gobierno emitió dos decretos con los que intentó establecer algún tipo de regulación en lo que hacía a los llamados conflictos de interés.
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Como ya se señaló, ninguna de las dos normativas definidas garantizaba nada. La primera solo formalizaba la representación de los intereses del Estado por medio de la Procuración del Tesoro de la Nación; la segunda establecía que los mismos funcionarios a cargo de las carteras, deberían informar de cualquier posible caso de superposición de intereses. Como queda en evidencia con el caso de Caputo y Basavilbaso, la misma resolución no obligó a nada a ambos funcionarios. | 
