En un contexto de ajuste como el que estamos viviendo cada vez es más difícil estudiar sin trabajar. Aumenta todo: los servicios, la comida, el transporte y la desocupación afecta cada vez más a las familias que son las que “bancan” los estudios. Bahía es una ciudad de donde la mitad de los pobres son jóvenes menores de 25 años.
Así para muchas y muchos la única alternativa para poder estudiar es conseguirse un trabajo (que suele ser precario y en negro), teniendo que hacer malabares con el tiempo y la plata para poder cursar y llegar a fin de mes. Las becas en la UNS apenas superan los $1000 por mes y solo son beneficiarios uno de cada 25 estudiantes. Estudiar así es frustrante, la deserción llega al 40% en el primer año mientras que sólo se recibe el 30% de los que se anotan para estudiar.
La UNS en vez de buscar medidas para solucionar esta problemática, refuerza su carácter de universidad para pocos, restringiendo el uso del comedor, y planteando futuros controles biométricos, que consisten en registrar las huellas digitales de los estudiantes. Una medida con un preocupante potencial persecutorio que parece sacada de una ficción de espionaje futurista.
Una universidad para pocos: sin cursada no hay comida
El nuevo reglamento interno del comedor, votado por unanimidad en el Consejo Superior Universitario a espaldas de la mayor parte de los estudiantes, plantea que ya no alcanza con ser alumno regular para acceder al menú estudiantil. Ahora quienes vayan a comer, deberán demostrar que cursaron una materia en el último cuatrimestre. De esta manera, quienes hayan perdido su cursada deberán abonar $70 el menú, una medida expulsiva y meritocrática contra quienes se enfrentan a todas las trabas que la universidad pone para seguir estudiando.
El Consejo Superior plantea así, que hay "abusos" por parte de personas que no son de la comunidad educativa, y que se anotan en la universidad para poder acceder al menú subsidiado de $20. Denuncian que hay “gente que se anotaba en carreras solo para comer más barato” y “hasta taxistas de la parada de Alem”, dejando de manifiesto que, para ellos, las y los trabajadores no son ni serán parte de la “comunidad educativa”. Tampoco pareciera que lo fueran quienes estudian en el terciario de la Escuela de Comercio, dependiente de la UNS, a quienes se les niega el uso del menú estudiantil.
Ni siquiera pueden comer al precio económico quienes trabajan en el comedor, en condiciones precarias y sin derechos laborales. Los echan a fin de año para no pagarles las vacaciones, y los hacen trabajar jornadas extenuantes de hasta 12 horas con la complicidad de la universidad que permite todo esto.
Las agrupaciones estudiantiles que forman parte del CSU: Unidad, Generación y Nueva Universidad en lugar de ponerse del lado de los estudiantes, se pusieron del lado de los administradores del ajuste votando esta vergonzosa medida. Sin embargo, resulta poco sorpresivo si tenemos en cuenta los vínculos de estas agrupaciones con las autoridades universitarias, y que los centros que dirigen los vacían de toda discusión política y niegan los derechos democraticos más elementales que tienen los estudiantes para la organización por sus reivindicaciones, como son las asambleas.
Vigilar y restringir: el Gran Hermano de la UNS
Las autoridades de la UNS Cuando necesitan hacer pasar medidas como esta, recurren a un aliado fundamental para transmitir la noticia: La Nueva. Este medio cómplice fue quien anunció el nuevo reglamento restrictivo del comedor, pero fue una noticia a medias.
Ocultaron la implementación de controles biométricos, que luego fueron anunciados desde el Facebook de la Secretaría de Bienestar Universitario: "A partir del día Lunes 3/7 se comenzarán a tomar los datos biométricos a los alumnos regulares. Dicho trámite es necesario para poder ser beneficiario del Menú Estudiantil Subsidiado en el próximo cuatrimestre". Ya no les alcanza con el carnet y documento nacional de identidad, ahora necesitan las huellas digitales para que cualquier estudiante pueda acceder a lo que debería ser un derecho que garantice la educación pública, tener un plato de comida barato para poder seguir estudiando.
Sin embargo la cuestión de las huellas no se queda en un mero mecanismo de control del comedor. En palabras del Secretario General de Bienestar Universitario “a partir del año que viene uno de los trámites más que se va a hacer en Sanidad es marcar la huella”. Así se podría dar via libre a que se extienda este control a todos los establecimientos de la UNS, lo que habilitaría una posible restricción de ingreso a establecimientos públicos y además se podría tener conocimiento de la circulación de los y las estudiantes. Es preocupante el potencial persecutorio que tiene esta medida en una institución con historial en este rubro.
Vienen avanzando en medidas de este calibre como lo hicieron al colmar los departamentos de la universidad de seguridad privada y cámaras de vigilancia, haciendo negociados con estas empresas que disponen de las filmaciones. No se sabe a dónde van a parar esas horas y horas de grabación, ni quien tiene acceso a ellas, ni para qué pueden utilizar esa información.
Ya hay antecedentes como el de Montezanti, que gracias a la impunidad que le otorgó la UNS manteniéndolo como docente, logró infiltrar como estudiante a un servicio de inteligencia encubierto de la bonaerense para perseguir a quienes se organizan contra la impunidad de los genocidas.
¡Plata para educación, no para persecución!
Las autoridades terminan aplicando el plan restrictivo que tiene el macrismo para la universidad y no solo eso, sino que destinan plata para reforzar la exclusión. Quieren dejar en claro qué estudiantes merecen asistir al comedor y quienes no, cuando es un derecho elemental que los gobiernos tienen que garantizar para reforzar la permanencia en la educación superior.
Desde la secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Humanidades, y la agrupación Tesis XI en el Frente de Izquierda, expresamos nuestro repudio a este tipo de medidas elitistas y persecutorias. Vemos necesario fortalecer la organización independiente de los rectores y decanos, del gobierno nacional y la falsa oposición que le permite ajustar, y de los empresarios que se aprovechan de la situación del país para aumentar sus ganancias a costa de una mayor explotación sobre los y las laburantes. Ellos quieren que paguemos la crisis con nuestra educación y nuestro tiempo, nosotros decimos que nuestra educación y nuestras vidas valen más que sus ganancias. | 
