El caso de Nabila Riffo no estuvo exento de discrepancias, las cuales se reflejaron en las discusiones de los jueces de la corte suprema, previas a la resolución. La minoría señalaba que los hechos son divisibles en 2 actos, el primero cuando la golpea con una piedra en la cabeza con una clara intención de matarla, por lo que debiese calificarse como homicidio frustrado, y un segundo acto, de sacarle los ojos como una lesión grave gravísima. Por otro lado, la mayoría refutaba esta hipótesis con el fundamento de que Ortega aún contando con todos los elementos para matarla no lo hizo.
Finalmente fue este último argumento con el que la corte suprema descartó el femicidio frustrado, declarando que los hechos vividos por Nábila corresponden a lesiones graves, pues no se afirma que no haya existido una intención de matar, sino que no queda demostrado que la haya tenido. Con esta nueva resolución, Mauricio Ortega pasará de tener una sentencia de casi 26 años de cárcel a una de cerca de 18 años.
Los argumentos de los jueces para respaldar esta resolución es que la justicia no debe basarse en opiniones sino que debe determinar como aplicar la ley de manera estricta. Por su parte Nábila Riffo señaló que sería una burla que le rebajaran los años.
Todo lo anterior generó indignación en la población, sobretodo en las mujeres, quienes viven impunemente la violencia machista; en las calles, en el trabajo, en la pareja, sin respuestas concretas del gobierno y sus instituciones.
Por ello, debemos dejar de confiar en que éstos responderán a nuestra demanda tan mínima como que no nos violenten ni nos maten, avanzando a organizarnos en las calles, en nuestros lugares de estudio y trabajo, para exigir por la fuerza que sea el Estado, quien se haga cargo de prevenir la violencia hacia la mujer con un plan integral y nacional, para que no sólo responda después de ocurrido un nuevo caso de violencia de género o femicidio. Una ley que sea financiada por el impuesto progresivo a las grandes fortunas; que integre refugios transitorios para las mujeres que han sido agredidas mientras se consigue una vivienda definitiva; que le otorgue subsidios estatales del valor de una canasta básica familiar hasta que consiga trabajo estable y no precario; y que asegure apoyo psicológico y licencias médicas para las mujeres que trabajan o estudian.
Esto, como medidas básicas que sólo conquistaremos con nuestra organización y movilización, en lugares de trabajo y estudio, y para abrir paso en una lucha que cuestione las raíces de este sistema de explotación y opresión hacia la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. |
