Las últimas semanas varios medios periodísticos señalaron que el Gobierno de Cambiemos buscará impulsar reformas tributarias, previsionales y laborales después de octubre.
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En términos laborales, la idea sería implementar un blanqueo de trabajadores no registrados (en “negro”) con bonos o créditos fiscales como beneficio a los empresarios que participen, reducir las contribuciones patronales e impulsar pautas por productividad.
Antes de que se implementen estas medidas en beneficio de los empresarios, para supuestamente incentivar las inversiones que nunca llegan, varias patronales aplican el "ajuste por mano propia", como ocurre con los despidos y la represión a las obreras y obreros de Pepsico.
Para analizar las medidas que promete llevar adelante el macrismo La Izquierda Diario entrevistó a Clara Marticorena, investigadora del CEIL-CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especializada en temas de negociación colectiva y organización sindical.
¿Qué lectura hacés de la reforma laboral que pretende implementar el oficialismo y sus posibles efectos?
Se trata de un conjunto de medidas que, más allá de su efectiva implementación, manifiestan no sólo el fuerte avance sobre la clase trabajadora que pretende desarrollar el gobierno. En algunos aspectos lo viene logrando, fundamentalmente en relativo a lo económico: caída del salario real, aumento del desempleo. Pero en otros no, como ocurre en términos políticos, organizativos: los trabajadores vienen dando respuestas a la ofensiva patronal, con fuertes heterogeneidades, sí, pero vienen, venimos, mostrando capacidad de resistencia.
Esto no quiere decir que esa sea la posición de todos los sindicatos ni mucho menos de todas las centrales sindicales, incluyendo la que más peso tiene: la CGT reunificada bajo la forma de un triunvirato. La tregua, o mejor dicho a esta altura, complicidad, de la CGT con los despidos, es clara. Y también tiene que ver con la crisis interna, no sólo por el avance de líneas combativas y opositoras, sino también por las disputas entre corrientes sindicales dentro del peronismo, entre sectores que confrontan la política del macrismo y sectores más conciliadores.
Lo que durante el kirchnerismo puede verse como un retroceso parcial en algunos aspectos de la legislación laboral, dada la correlación de fuerzas, ahora vuelve como uno de los planos de la ofensiva: la legislación laboral y la ofensiva en relación al funcionamiento de la justicia laboral.
En este marco, la política de flexibilización contractual (que apunta a reducir los costos por despidos) y la rebaja de aportes patronales previstas tanto en el blanqueo como en el proyecto “Primer empleo”, son un mecanismo de aumentar la ganancia patronal. Está demostrado que no promueve el blanqueo de trabajadores sino que, al contrario, garantiza mayores ganancias a los empresarios, en forma directa por la reducción de contribuciones y, dado que no deriva en un mayor registro de trabajadores, en una precarización de las condiciones de trabajo del conjunto de la clase trabajadora.
En un punto, el empleo no registrado actúa como forma de precarización laboral, no sólo directamente por las condiciones en las que se encuentran los trabajadores “en negro” sino “indirecta” como presión sobre el conjunto de la clase. En sectores con alto porcentaje de trabajadores no registrados, las cámaras patronales y empresas utilizan el argumento de “competencia desleal” para limitar los aumentos salariales nominales en paritarias, que benefician principalmente a los trabajadores registrados.
Para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta el oficialismo acordó con las empresas y la cúpula del sindicato nuevas pautas en la relación laboral. También se hicieron acuerdos en el sector automotriz y textil. Y modificaciones en el régimen de ART. ¿Qué consecuencias ves sobre las condiciones laborales? ¿Son anticipos de algo se pretende generalizar?
Sí, claramente el gobierno apuesta a un nuevo avance en las condiciones de flexibilización laboral, y las modificaciones introducidas en Vaca Muerta y en los acuerdos del sector textil y automotriz apuntan a este objetivo, que sin dudas buscarán generalizar. Estos acuerdos apuntan a bajar los “costos laborales” y aumentar la productividad.
Por ejemplo, la adenda que firmaron en Vaca Muerta dispone, entre otros aspectos, la contratación de trabajadores por tiempo determinado como modalidad “general”, reducción del tiempo de descanso, la eliminación del pago de “horas taxi”, que los trabajadores pasaban en el pozo, en la base o tráiler, a disposición de la empresa, entre otros aspectos.
En el caso del sector automotriz, a su vez, SMATA viene negociando suspensiones (por ejemplo, en General Motors y Volkswagen), con reducción salarial y habilitando programas de retiros voluntarios. Algo similar sucede en el sector textil, que enfrenta una crisis bastante profunda por el aumento de las importaciones.
En este sentido, además de introducir distintas formas de flexibilización en las formas de contratación, se apunta a flexibilizar (más de lo que ya está) la organización del tiempo de trabajo, aumentando el tiempo e intensificando el ritmo de trabajo.
Al analizar esta nueva embestida sobre las condiciones de trabajo es necesario tener presente que estos avances se desarrollan en un mercado de trabajo que ya se encuentra flexibilizado y con altos niveles de precariedad. Por ello hablo de una profundización de la flexibilización y no de una “vuelta” a los ’90.
La posibilidad de que estas condiciones se generalicen, y el gobierno avance con nuevas cláusulas de productividad (que permanecieron durante los gobiernos kirchneristas) o con la promoción de negociaciones a nivel de empresa (que igualmente son predominantes dentro del total de negociaciones), dependerá de la capacidad de resistencia de los trabajadores.
Pero la profundización de la crisis y el aumento del desempleo, así como la tregua de la mayor parte de las dirigencias sindicales, marca un escenario muy complicado para la defensa de los derechos y condiciones de trabajo.
En una mirada de largo plazo ¿Cuál es la tendencia en las relaciones laborales de los últimos veinte años en cuanto a precarización, flexibilización, “costos”?
Mirando los últimos 20 años, podemos ver avances y retrocesos en las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en la argentina, pero sobre ciertas condiciones estructurales que no se modificaron significativamente. ¿Qué quiero decir? La caída de los salarios reales con la devaluación del 2002, fue la clave para la recomposición de la acumulación de capital luego de la crisis de 2001 (que se desarrolló desde fines de 1998), y los salarios reales recuperaron los niveles previos a dicha crisis recién en el año 2006 aproximadamente (hay diferencias si tomamos los salarios registrados y no registrados), pero se trata de un nivel significativamente bajo en términos históricos.
Si miramos una evolución de los salarios reales desde 1975, vemos que la profunda caída que produce la dictadura cívico-militar sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores no se recupera en las décadas siguientes, más allá de las oscilaciones en distintas coyunturas, como en los primeros años de la recuperación democrática, los años iniciales del plan de convertibilidad, la recuperación posterior a la devaluación de 2002, etcétera.
Esto muestra una caída de los “costos” laborales en la argentina, que establece un determinado nivel de la tasa de explotación que no se modifica sustancialmente en un plazo de décadas y que fue, precisamente, una de las conquistas de la dictadura. Claramente, dentro de esta evolución general, también se profundiza una fuerte heterogeneización entre trabajadores registrados y no registrados, y de distintos sectores de la economía.
Si miramos el largo plazo, también vemos que el trabajo no registrado se constituye en una forma estructural de reducción de los “costos” laborales, que si bien se redujo, luego de haber llegado al 49% de los asalariados en 2004, continúa en torno al 33-34%. En este sentido, si bien se produjo una significativa baja de la tasa de desempleo abierto a partir del 2003, el empleo no registrado, operó como potente contrapeso a la posibilidad de revertir las condiciones de explotación impuestas por el capital con el avance del neoliberalismo.
Y es en ese sentido que las condiciones de flexibilización laboral permanecen no sólo en diversos artículos de la legislación, sino fundamentalmente en el lugar de trabajo, en premios de productividad, en la movilidad entre tareas, en la extensión e intensificación de la jornada laboral, en las formas de contratación eventual, entre otras modalidades que constituyen las formas corrientes y difundidas de explotación del capital sobre el trabajo, y que en muchos casos ya son formas naturalizadas. En este punto, el trabajo de desnaturalización de estas condiciones por parte de sectores combativos y de izquierda tiene una importancia central.
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