El vicepresidente, Tareck el Aissami, advirtió este jueves que la Justicia Militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente, declarando que los centros de votación serán "zonas de seguridad nacional y, en consecuencia, cualquier delito que allí se cometa será sancionado por la justicia militar". Agregando que "el que cometa el día 30 algún delito en zonas de seguridad recibirá una pena de cárcel entre 5 y 10 años".
Al mismo tiempo, Tareck el Aissami volvió a insistir en la exigencia a los trabajadores y las trabajadoras de la administración a que tiene que ir a votar, afirmando: "Tenemos la moral para exigir al pueblo el voto en defensa de la Revolución Bolivariana (...) porque no le hemos fallado a nadie; le exigimos al pueblo lealtad histórica con la Revolución", nombrando expresamente a "todos los trabajadores de la administración pública". Insistiendo con respecto a los empleados del Estado que, "Les hemos incrementado el salario, les hemos dado todo nuestro apoyo por lo que ahora le podemos decir: ’ahora te toca a ti’". Pero el cinismo del Vicepresidente no tiene nombre, cuando el pueblo trabajador tiene un salario por el piso que no pasa de los 70 dólares a la tasa oficial Dicom –ni hablar de con relación al dólar paralelo–, y viene sufriendo en toda su magnitud el peso de la agobiante crisis económica.
Si bien Maduro había sostenido este mismo jueves que “respeta” a los que no votarán en la elección de la Constituyente, afirmando que "Hay gente que no va a votar (en la ANC), está bien, los respeto (...), son libres, pero tienen que saber que el 30 de julio se define el destino de Venezuela, si queremos paz o va a haber una guerra en este país", obviamente no se estaba refiriendo a los que trabajan en la administración pública y las empresas del Estado.
Con respecto a este sector ya había declarado, el fin de semana pasado, durante un discurso transmitido obligatoriamente en todas las radios y televisoras, que se usarían las listas de empleados públicos y "llamar a todos los trabajadores" y a los "que tengan carné de la patria y organizar la forma en que van a ir a votar a las 5:00 el domingo 30 de julio", para que los funcionarios en todos los niveles acudan a votar "sin excusas". Una obligatoriedad que no está cayendo nada bien entre los empleados de la administración pública y de las empresas del Estado.
Hasta el momento las encuestas muestran un alto rechazo a la “Constituyente”, incluyendo de sectores del propio chavismo, por eso el propio Maduro ha pedido al equipo de campaña implementar distintos mecanismos para presionar a la participación. Es que a esta farsa de Constituyente de Maduro solo se inscribieron candidatos del propio chavismo, y ya es común la expresión de que se tratará de una “congreso del chavismo ampliado”, y no es ironía, pues la realidad es tal cual, ya que prácticamente lo que llaman al momento “campaña electoral” se reduce a la de los canales del Estado de los principales referentes del chavismo, e incluso los otros candidatos son presentados durante una media hora en horas estelares por cadena nacional. Mientras el gobierno centra sus esfuerzos a que se vaya a votar.
Por su parte la oposición aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que llaman a desconocer la convocatoria del gobierno, salió al paso con la iniciativa de un “plebiscito” contra la Constituyente para este 16 de julio, que, como hemos señalado, no deja de ser otro embauque para los trabajadores y sectores populares, pues no tiene nada que ver con nuestras necesidades y, al contrario, se usa el recurso de una “consulta” para avanzar en sus propios objetivos de encaminarse al poder, es decir, no se trata más que de una maniobra para objetivos reaccionarios.
Las declaraciones de Tarek el Aissami, donde por primera vez se determina que los espacios electorales son consideraciones “zonas de seguridad” del Estado, y por tanto se aplicará de la justicia militar frente a cualquier “disturbio”, es toda una demostración de los niveles de autoritarismo alcanzados por el gobierno, y más que mostrar fortaleza no es sino expresión cada vez de más debilidad de un gobierno sostenido por las Fuerzas Armadas, para lo que recurre a la militarización de un proceso electoral completamente amañado. Y Maduro solo ve represión en el medio para avanzar con sus planes. Por su parte la oposición aglutinada en la MUD, con sus llamados a las Fuerzas Armadas, también busca que los militares den una salida a la crisis.
Estas últimas semanas ha venido en aumento el nivel de la virulencia política en días en que ya se ha iniciado la cuenta regresiva hacia el 30 de julio, y que la MUD habla que luego del plebiscito del 16 de julio dará inicio a lo que llama “la hora 0”, aunque no ha explicado a qué se refiere. Aunque es más que claro, salvo que lleguen a un acuerdo negociado previamente –lo que no se descarta, sobre todo luego de que el gobierno diera casa por cárcel a Leopoldo López-, se avecinan semanas de una escalada en la crisis. Pero en toda esta crisis política, ni el gobierno de Maduro ni la oposición de la MUD representan los intereses del pueblo trabajador, y menos pueden ser alternativa para los trabajadores y los sectores populares que sufren los mayores padecimientos de la crisis, por lo que en la crisis imperante, hay que luchar por una salida independiente de la clase trabajadora y el pueblo pobre. |
