El domingo a la madrugada, varios jóvenes internos que reaccionaron violentamente ante los malos tratos dados por personal de seguridad fueron golpeados y heridos con balas de goma, por los guardias del Complejo Esperanza. Ante la negativa de las autoridades del mencionado instituto a que los padres realicen las correspondientes visitas del domingo, los familiares de seis internos presentaron un hábeas corpus que fue avalado por la jueza penal juvenil de turno.
Verónica, madre de uno de los menores, denunció en Canal 10 de Córdoba: "los sábados es el día de llamada (telefónica) para los chicos, pero no los dejaron hablar. Además, los encerraron a las 8, cuando debería ser desde las 10. La guardia del módulo 3 Paso de Vida siempre hostiga a los chicos, los provoca. Le estaban pegando a uno de los chicos y los demás empezaron a patear la puerta. Allí inició el motín".
Según lo manifestado por esta madre, el estado posterior era inhumano: "había chicos desnudos, otros descalzos, otros desparramados por todos lados. El fiscal de menores no ha ido a ver cómo estaban, sí fue el de mayores”.
Un complejo con numerosas denuncias
El Complejo Esperanza de Bouwer que depende de la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Senaf) del Ministerio de Desarrollo Social, donde se alojan jóvenes en conflicto con la ley penal, presenta numerosas denuncias y presentaciones tanto de organizaciones y sectores vinculados a minoridad y Derechos Humanos como de partidos de la oposición al gobernador De La Sota. Entre las denuncias figuran el deterioro de la infraestructura, el hacinamiento a que son sometidos los jóvenes, la mala alimentación y la falta de recursos materiales y de personal idóneo. A principios de este año el juez en lo Penal Juvenil de cuarta nominación, José Gonzalez del Solar emplazó a la Senaf a que presente "un cronograma de trabajos de mantenimiento y refacción de los Institutos y dependencias integrantes del Complejo Esperanza". A fines de noviembre legisladores del Frente Cívico denunciaron que el plan no se había cumplido.
Lo que sucedió el último fin de semana en el Complejo Esperanza no es un caso aislado, es parte de la práctica de un Estado, tanto provincial como nacional, que criminaliza la pobreza, policializa las ciudades y somete a los jóvenes privados de la libertad a condiciones inhumanas. Los derechos humanos no llegan a los calabozos. |
