El pasado miércoles 19 de julio, el presidente estadounidense afirmó públicamente que está arrepentido de haber nombrado a Jeff Sessions para el cargo de fiscal general de Estados Unidos.
Fue en una entrevista que dio al New York Times –uno de los medios más criticados por Trump– cuando el magnate desautorizó a Sessions por haberse apartado de la indagación sobre la posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
“Sessions no tendría que haberse recusado y si iba a recusarse, debería habérmelo dicho antes de empezar el trabajo y hubiese escogido a otra persona. Logra el trabajo, empieza el trabajo, se recusa, lo que francamente creo que es muy injusto con el presidente”, declaró Trump al medio estadounidense.
Declaraciones que parecen solicitar como respuesta una pronta renuncia de Sessions, un republicano conservador que dio su apoyo al actual jefe de Estado desde la campaña electoral, cuando era profundamente cuestionado por el establishment republicano. Por esto, la dimisión de Sessions implicaría una ruptura política también.
La respuesta de Sessions fue mantenerse en su cargo: “Me encanta este trabajo. Tengo previsto continuar hasta que sea apropiado. Estamos sirviendo hoy. Tengo total confianza de que somos capaces de gestionar esta oficina de una manera efectiva”, declaró en una conferencia de prensa ante las preguntas de periodistas.
En junio pasado trascendió que el fiscal había ofrecido su renuncia, pero que Trump la rechazó. Si Sessions dimite, su reemplazo temporal sería el fiscal adjunto Rod Rosenstein, un funcionario que al que Trump también ha repudiado públicamente.
No obstante, la de Sessions sigue siendo una posición incómoda. El fiscal había negado tener contacto con los rusos durante la campaña presidencial y después de las elecciones de noviembre de 2016, pero en realidad se había reunido dos veces con Sergei Kislyak, embajador ruso en Washington. Por eso se excusó de investigar el caso.
El llamado “Rusiagate” ha creado una gran tensión también entre los colaboradores de Trump. Sin embargo, más allá de este caso, Sessions ha sido hasta ahora uno de los puntos de apoyo del presidente estadounidense para desplegar su política de criminalización de los migrantes.
La crisis del gobierno de Trump, a sólo seis meses de haber asumido a la presidencia, se profundiza. El despido de James Comey de la dirección del FBI por la investigación de la trama rusa cayó mal en el establishment estadounidense, aunque nadie alzó la voz. Una cuestión crítica que se suma a otros problemas de su administración, como el caso del programa de salud Obamacare.
Luego de Comey, entró en escena su mentor, Robert Mueller, otro exdirector del FBI, nombrado fiscal especial para la investigación de los nexos con Rusia. Mueller también enfrentó los embates de Trump, quien llegó a afirmar de sus posibles vínculos con los demócratas, lo cual implicaría conflicto de interés.
La próxima semana Trump Jr, Kushner y Manafort rendirán declaración ante el senado. El próximo paso para Mueller posiblemente sea investigar las finanzas familiares de Trump, según la agencia Bloomberg.
Ante esto, ya Trump declaró: “Creo que es una violación. Mira, esto es sobre Rusia”. Hasta planteó que podría pedir a la justicia estadounidense que despida al fiscal especial. Pero este escenario no lo favorece, ya que se puede interpretar como un intento de obstrucción de justicia. La tormenta política no amaina en el gigante del norte. |