Aldesa es una empresa con origen en Madrid fundada en 1969 que creció a partir del boom de las infraestructuras en el Estado Español. Fue creada por el empresario Antonio Fernández Rubio y actualmente es manejada por sus cinco hijos, teniendo como presidente a uno de ellos, Alejandro Fernández Ruiz.
Al ser parte de uno de los sectores más golpeados por la crisis del 2008 -lo cual le acarreó diversos proyectos fallidos, crisis que descargó en recortes de empleo- incursionó rápidamente en los mercados internacionales. Llegó a México en el mismo año de la crisis y así se convirtió en una de las pocas firmas que ha facturado por más de 1.000 millones de dólares en 2015.
El peso del negocio internacional para Aldesa ha alcanzado el 60% sobre sus ingresos totales. México se volvió uno de sus mercados principales. En 2016, año en que facturó 986 millones de dólares, el 56% provenía de sus negocios en México y solo el 20% en el Estado Español. Esto fue posible gracias a la relación que estableció con el gobierno federal y varios gobiernos locales, entre los que resaltó su relación Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.
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La empresa acaba de completar el hotel H10 Riviera Paradise en Playa del Carmen, participa en la terminal 4 del aeropuerto internacional de Cancún y en la remodelación del aeródromo de Chihuahua. Además por ser parte de las empresas que ha incursionado en energías en renovables, figura como probable ganadora de las subastas eléctricas para producir y vender energía en México.
Aunque los contratos en obras públicas no han cesado el desempeño de Aldesa ha estado lleno de episodios oscuros.
La empresa madrileña se encuentra asociada a la empresa OHL -denunciada también por corrupción- como un grupo empresarial común con filial en México. Han sido reconocidas por sus atrasos en la construcción de autopistas y carreteras, además del alto costo del peaje en las vías de cuota, teniendo el peaje más caro de América Latina en la autopista Perote-Veracruz, equivalente a 124 pesos.
Otro de los casos es el de la construcción de la carretera Durango-Mazatlán, donde por errores de la planificación el 28 de agosto de 2013, a menos de dos meses de la fecha anunciada para su inauguración, la vía sufrió un deslave y una importante fractura en el asfaltado, razón por la que Aldesa tuvo que hacer trabajos de mantenimiento incrementando un 40% la inversión inicial.
Además, se encuentran las denuncias de abril del 2015 realizadas por el senador Daniel Ávila Ruiz sobre la construcción de la subestación de la CFE en Ebtún, Yucatán, que la empresa construyó y presenta deficiencias en su estructura, por lo que ya se han requerido dos remodelaciones.
También se encuentran las denuncias de un adeudo de Aldesa por 2 millones de pesos, a varias empresas locales por servicios o insumos usados para ampliación de la carretera Mérida-Chetumal. Esto solo en México.
En septiembre del 2015, el gobierno de Perú demandó a la constructora por no haber concluido los trabajos de remodelación de la represa Iruru, aún cuando el pago ya había sido realizado, amenazando la vida de 20 mil pobladores en peligro por el desborde.
Además la constructora del Paso Exprés estuvo implicada investigaciones por evasión de impuestos y por la presunta financiación ilegal del Partido Popular y sus nexos con el extesorero, actualmente preso por corrupción.
El lamentable accidente del Paso Exprés que cobró dos vidas muestra la relación de corrupción y complicidad existente entre las grandes empresas y la casta política, para aumentar las ganancias de los capitalistas aún implicando mayor explotación y peligros para la población pues a pesar de las múltiples deficiencias sigue siendo de las empresas favoritas para el gobierno federal.
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