Dos o tres datos adicionales dispersos en las diversas notas permiten reconstruir el escenario: Estaba a disposición de un tribunal oral de menores que había pedido que se lo resguardara, porque presentaba un cuadro psiquiátrico con riesgo de autolesionarse. Como habló en forma “irrespetuosa” a un adulto, lo aislaron en un “buzón” del subsuelo del edificio. Prendió fuego un colchón y sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. En un solo medio, la independiente Agencia para la Libertad, encontramos el nombre. Se llamaba Diego Borja.
Pero podría haberse llamado Germán Humberto Medina (16); Rodolfo Arancibia (18); Maximiliano Ezequiel Rodríguez (17); Marcos Dunda (17); Cristian Candela (16); Damián Caballero (17) y mil nombres más. Podría haber estado en el Agote, en el Rocca, o en alguno de los “institutos” (cárceles) para niños de menos de 18 años de cualquier lugar del país. Podría haber muerto quemado, asfixiado, ahorcado o por no recibir atención médica.
Como Diego, Germán Medina era adicto y tenía una patología psiquiátrica. A diferencia de él, no estaba penalmente imputado, sino “dispuesto para su protección”.
Sus padres se cansaron de pedir al juez Castelli, de Morón, que los ayudara para darle la atención médica y psicológica que ellos no podían pagar. La respuesta del juez fue “alojar preventivamente al menor en el Instituto Manuel Rocca, a fin de evaluarlo y derivarlo a un lugar adecuado a su problemática”. Unos días después, una asistente social informó al juez –que también había pedido que fuera resguardado por la posibilidad de autolesiones- que encontró a Germán en una “celda de aislamiento de 3 por 2 m., oscura, sin luz natural ni aberturas, sin luz artificial durante el día, con una puerta de metal ciega, sin más mobiliario que un camastro sin almohada, con aire enrarecido y olor fuerte y desagradable”. El Defensor Oficial opinó que esas condiciones de alojamiento “ni siquiera serian adecuadas para lugar de castigo”. La directora del instituto Rocca explicó que no tenía fondos para comprar almohadas.
Todos firmaron sus informes, y se fueron de vacaciones. La Secretaría Nacional del Niño, Niña, Adolescente y Familia (SENNAF) nunca respondió los pedidos de internación.
El 11 de enero de 2007, muy temprano por la mañana, Germán fue hallado muerto. Ahorcado. Aun antes que el juez y el fiscal, llegaron al instituto Rocca los funcionarios de la SENNAF, para hacer el control de daños. En los cinco años siguientes, batallamos junto a los padres de Germán para evitar el previsible archivo de la causa. Tres veces logramos torcer la decisión del juez Eliseo Otero, en el fuero nacional, y de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, pero la cuarta fue la vencida. En diciembre de 2012, el último de nuestros recursos de apelación fue rechazado. La conclusión oficial fue que “sus condiciones de alojamiento y la atención que recibió son iguales a las del resto de la población”. Mal de muchos, impunidad garantizada.
Rodolfo Arancibia tenía una causa por lesiones. No se presentó cuando lo citaron del juzgado, lo declararon rebelde y lo detuvieron. El 6 de mayo de 2009 lo encerraron en el instituto Agote, como a Diego. A las 7 de la mañana del día siguiente, lo encontraron colgando del único ventiluz del calabozo. Tenía lesiones excoriativas en el rostro; marcas profundas de elementos de sujeción en las muñecas y dos medias metidas a presión en la boca, cubierta por una mordaza de tela. Todavía sostenemos abierta la causa penal, aunque sólo logramos una tibia imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra un celador, y por omisión de deberes contra el médico del instituto.
Maximiliano Rodríguez y Marcos Dunda murieron en el “Centro de Recepción de Menores” de Lomas de Zamora, lindero al edificio de los tribunales de Camino Negro y Larroque, uno ahorcado, el otro después de quejarse por días de un fuerte dolor abdominal. Nunca lo vio un médico, hasta que llegó el legista para certificar la “muerte natural” en el calabozo. Cristian Candela y Diego Caballero murieron ahorcados en un mismo instituto de régimen cerrado para menores de La Matanza con 24 horas de diferencia.
Y la lista podría seguir, con los cuatro pibes entre 14 y 17 años quemados en la comisaría de Lomas del Mirador en diciembre de 2009, los tres de la comisaría del menor de Corrientes, y centenares más. Mientras tanto, en el ámbito nacional, la SENNAF, que depende del ministerio de Desarrollo Social, promociona en su web, por radio y TV, la campaña conjunta con UNICEF por el “Buentrato”, iniciativa que “… tiene como eje promover el buentrato desde el lenguaje e incorporarla en el diccionario, dada la importancia de las palabras en la construcción de nuestra realidad”.
La SENNAF es el organismo nacional que planifica las políticas públicas para niños, niñas y adolescentes, y administra los siete centros nacionales de detención de chicos de menos de 18 años. Su titular, Gabriel Lerner, ex militante del PI, de Patria Libre y de CORREPI, fue un precoz converso al kirchnerismo, que cruzó la charca en 2004 y desde entonces es el responsable político por cada pibe muerto tras los muros que regentea, y que impide, avalado por la Cámara Nacional de Casación Penal, que la Procuración Penitenciaria Nacional, otro organismo oficial, siquiera los visite para auditar la situación de los chicos.
El archivo de casos de CORREPI demuestra que el 51% de los asesinados por el aparato estatal no habían cumplido 25 años. El 39% estaba “bajo custodia”, lindo eufemismo para decir preso. Esa es “la protección integral”, la política de reinserción y cuidado que promueve el “gobierno de los derechos humanos” para los hijos de los pobres. Régimen penal juvenil, modernos institutos, llamativas campañas por el “buentrato”, derechos y garantías en el discurso, mientras pibes como Diego, Germán y Rodolfo son masacrados entre rejas. Son los hechos, no las palabras, los que construyen nuestra realidad.
Ellos seguramente piensan que, muerto el perro, se acabó la rabia. A nosotros, con cada muerto nos crece la rabia, y el compromiso es organizarla. |
