El pasado sábado 22, el ingreso de Ciudad Universitaria por el lado de metro CU amaneció con 500 metros de rejas, éstas se suman a los cerca de 1000 metros de rejas que fueron instalados en semanas anteriores en la zona de “frontones”. Estas medidas, según la rectoría de la UNAM pretenden acabar con el narcomenudeo que opera dentro del campus universitario.
¿De verdad con kilómetro y medio de rejas acabarán con el problema de inseguridad y violencia que se vive, no sólo en la universidad sino en el conjunto de la ciudad y del país?
El jueves pasado, un operativo de Fuerzas Especiales de la Marina fue enviado a “desmantelar” el cártel de Tlahuac en esta misma delegación. Éste es el mismo cártel que anteriormente diferentes medios habían señalado que operaba dentro de Ciudad Universitaria.
El saldo fueron ocho camiones incendiados, detonaciones y 8 muertos, entre ellos “El Ojos”, supuesto jefe de dicho cártel. Para Enrique Graue, la muerte de “El Ojos”, es una gran noticia para el país y espera que con su muerte disminuya el narcomenudeo dentro de Ciudad Universitaria.
A la situación del narcomenudeo, se suma el feminicidio de Lesvy el pasado 3 de mayo en la Facultad de Ingienería. Lesvy fue una de siete mujeres a las que cada día se les arrebata la vida sólo por ser mujeres. Estas cifras las alcanzamos después de que en el 2006 Felipe Calderón declarara la supuesta “guerra contra el narcotráfico” y posteriormente Enrique Peña Nieto la continuara.
La política de Graue sobre el problema de seguridad y violencia dentro de la universidad no difiere de la del conjunto del régimen mexicano y sus instituciones. La universidad es una caja de resonancia de dichas condiciones, donde el gobierno no sólo no revierte la situación, sino donde la salida de los militares a las calles acentúa la problemática, endureciéndose para millones de mujeres, donde se criminaliza a la juventud y donde las condiciones de precaridad y marginación se recrudecen para la gran mayoría del pueblo pobre y trabajador. En la universidad, dichas medidas son implementadas con el objetivo de atenuar y restringir las posibilidades de organización del conjunto de la comunidad universitaria; estudiantes, trabajadores y docentes que día a día asisten a la universidad.
Los cerca de 1500 metros de rejas, más que combatir al narcomenudeo, responden a la lógica de que los centros de estudio deben ser instituciones disciplinarias, una suerte de cárcel con múltiples panópticos que observan cada movimiento y cuerpos represivos listos para reaccionar ante cualquier falta la norma. Normas que nosotros los estudiantes nunca decidimos.
Estas políticas no son particulares de la UNAM, en otras universidades públicas, los planes securitaristas siguen avanzando, así es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Las universidades públicas deberían estar abiertas al pueblo trabajador, no rodeada por rejas y operativos policiacos. La militarización del país ha comprobado que en ningún sentido estos velan por nuestra seguridad; el caso de Ciudad Juárez es una muestra de tal situación, ya que la militarización devino en un aumento del 200% de feminicidios.
No podemos esperar que las mismas instituciones que nos reprimen, hostigan y que ocultan feminicidios y le abran las puertas a la privatización de la educación. O que el mismo Estado que asegura la explotación de millones de trabajadores del país y migrantes, asegure nuestro bienestar, cuando al mismo tiempo es cuestionado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las consecuencias que deja diariamente la militarización con cientos de desaparecidos, asesiandos y miles de desplazados. No está en sus agendas hacerlo, por el contrario la tarea del régimen es perpetuar la situación.
La tarea de la juventud, las mujeres y los trabajadores, quienes somos los más afectados por la “guerra contra el narco”, debe ser luchar –dentro y fuera de la universidad- contra la militarización, por la legalización de todas las drogas y por poner en pie un gran movimiento contra la subordinación al imperialismo estadounidense y la política de Donald Trump que pretende profundizar su injerencia militar y económica en México y América Latina.
Tenemos también que luchar por recuperar los espacios de la universidad que deben estar al servicio de las necesidades de la gran mayoría de la comunidad; hagamos jornadas políticas, académicas y culturales en contra del feminicidio, por la democratización de la universidad y donde la toma de decisiones incluya a la planta académica, trabajdores y estudiantes. Hoy más que nunca es fundamental organizarnos para luchar por un aumento presupuestal a la educación y aumento de la matrícula estudiantil, para que así todos y todas las que quieran acceder a una educación media superior y superior lo puedan hacer sin importar sus condiciones sociales y económicas.
Recuperemos los hilos de continuidad de aquella juventud combativa, que históricamente ha salido a las calles a luchar codo a codo con las clases explotadas en defensa de la educación pública y gratuita, por la disolución de los cuerpos represivos y por acabar de raíz contra este régimen que impone para la gran mayoría mayor violencia y hostigamiento, mientras reprime y asesina maestros, comunidades indígenas, trabajadores, jóvenes y todo aquel que le estorbe.
