Diversas organizaciones de derechos humanos y feministas han cuestionado el actuar irresponsable e insuficiente de los poderes legislativo y judicial en la entidad para combatir y erradicar la violencia de género.
Según el Observatorio Ciudadano, “existe una ausencia de sensibilidad por parte de las autoridades” para resolver los casos de feminicidio.
Una entrevista a Adriana Ruiz Visfocri realizada por el semanario Proceso señala “los tres poderes deben coadyuvar en la implementación de la AVG, pues ala PGJ del estado le corresponde trabajar de manera responsible para aportar todos los elementos necesarios para procesar a los agresores de mujeres, mientras que el Poder Judicial debe juzgar con el propósito de evitar que haya impunidad en los casos de feminicidios, a la vez que el Congreso local tiene la tarea de legislar con perspectiva de género”.
Sin embargo, la pregunta de por qué en ninguna entidad donde la AVG ha sido implementada- a veces desde hace una década- se ha reducido la violencia feminicida es muy pertinente.
Éste es el caso de 11 municipios del Estado de México donde la AVG fue aprobada desde junio del 2015 y en donde los asesinatos de mujeres, lejos de reducirse, han ido en un acelerado aumento. También es el caso de Veracruz.
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¿Es la AVG la salida para enfrentar la violencia contra las mujeres?
Y es que el combate a la violencia feminicida requiere mucho más que la exigencia de voluntad hacia las autoridades e instituciones estatales.
Son las instituciones de un Estado capitalista las que promueven y fomentan la violencia feminicida, criminalizando a las mujeres que sufren violencia, responsabilizándolas cuando son asesinadas y manteniendo en la impunidad a los funcionarios públicos y empresarios vinculados a las redes de trata y a los casos de feminicidio, como demostró el caso del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez o las declaraciones del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.
Como decimos aquí, la AVG, definida como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad” y que otorga “facultades excepcionales para la intervención activa del ejército y la declaración del toque de queda para la población con el fin de erradicar la violencia”, expresa una lógica gubernamental para abordar la violencia contra las mujeres como un problema de “seguridad nacional” que se traduce en la militarización del país y en la suspensión de garantías individuales.
En un país donde el Ejército y la Marina enfrentan miles de denuncias de violación de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, así como de tener vínculos con el crimen organizado, no podemos esperar que de sus patrullajes y presencia en las calles venga la seguridad y el combate a la violencia.
Es precisamente esta concepción victimizante del feminismo, que espera tutela del mismo Estado capitalista que sienta las bases para la violencia contra las mujeres y que protege y encubre tratantes, pederastas y feminciidas, el mejor argumento para que el Estado se legitime, llenándose la boca de políticas públicas con perspectiva de género que utiliza para continuar criminalizando y reprimiendo a la población podre y trabajadora, en particular a las mujeres.
Desde Pan y Rosas consideramos que sólo un movimiento de mujeres combativo, que recupere las calles y desconfíe de las instituciones y el Estado, puede exigir la conformación de comisiones de investigación independientes integradas por organizaciones de Derechos Humanos, familiares de las víctimas y activistas contra el femínicidio, a la par de empujar la movilización y la unidad con otros sectores en lucha contra el gobierno, en particular las organizaciones obreras y sindicales democráticas y opositoras, para hacer frente a la violencia y la explotación.
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