Hace unos días se publicaron las estadísticas del Monitor de Indicadores de Desarrollo (Mide), elaborado por la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (Adec). Según los resultados, en el área metropolitana de Córdoba, el 10 % más pobre de la población tardaría 125 años en hacerse una vivienda digna, cuando al 10 % más rico le lleva nueve años.
La base de la gran brecha, 125 contra 9 años, radica en hecho de que el decil más pobre de la población tiene un ingreso medio mensual de sólo $ 3.109.
El porcentaje de la población que no accede a una vivienda digna es un fuerte indicador de las desigualdades sociales. Tema que en Córdoba en los últimos días ha sido punto de conflicto entre Schiaretti y Macri. El Indec estima que la pobreza en Córdoba alcanzó el 40 %, mientras que el Gobierno provincial salió a defender las estadísticas provinciales que hablan de 30 %.
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Lo cierto es que los indicadores muestran dos cosas. Por un lado, la falta de una política de Estado en materia de vivienda. Por el otro, que el crédito no puede hacer frente a una problemática que está íntimamente ligada a la condición laboral de millones de trabajadores de Córdoba y del país. No por nada es uno de los temas ausentes en estas elecciones con propuestas concretas por parte de Unión por Córdoba y Cambiemos.
Cómo evolucionó en Córdoba la problemática de vivienda
Actualmente, según el Foro de Análisis Económico de la Construcción, en la provincia hay 188.347 viviendas que requieren ampliación porque sus habitantes están hacinados; 40.554 viviendas con más de un hogar cohabitando, por lo que les urge irse a una casa nueva, y 13.483 unidades en estado precario. En la enorme mayoría vive gente que está en los últimos cuatro deciles de la población. Es decir que perciben ingresos mensuales de 10.000 pesos o menos.
Según datos de la plataforma web de la organización Techo, en Córdoba la evolución de los asentamientos o barrios informales muestran claramente la falta de políticas de vivienda desde Estado.
Según la organización, hay relevados 170 asentamientos en los que viven 18.755 familias. En muchos casos los asentamientos albergan a más de 600 familias, que sufren hacinamiento en una vivienda precaria y la falta de acceso a servicios básicos: el 84,7 % accede al agua de red con una conexión irregular, el 80 % accede al servicio de energía eléctrica sin un medidor y conexión segura, y un 78,8 % elimina sus excretas directamente a pozo sin previo proceso en cámara séptica.
La clave para poder acceder a los servicios esenciales y mejorar la calidad de vida es lograr el título de la propiedad. En Córdoba, sólo en 13 de los 170 asentamientos, el 92 % de las familias pudo regularizar el acceso a la red de agua y un 100 % al servicio de energía eléctrica. Luego de años de crecimiento económico, menos de 10% de los barrios pudo mejorar su situación.
Muchos de esos barrios datan de la década del 80 y hay uno que comenzó a desarrollarse en 1935. Además, en los últimos cuatro años se ha desarrollado 11 nuevos asentamientos con 1.143 familias cordobesas que en su gran mayoría no tiene acceso regular a los servicios. Esto claramente habla de un problema estructural.
Las dos ciudades
Unión Por Córdoba abandonó toda política que intente avanzar en un plan de vivienda destinadas a sectores que no las pueden pagar. Mientras tanto los empresarios de la construcción, cuentan con el favor de los gobiernos provincial y municipal, acumulan la mayoría de las propiedades de la ciudad y amasan enormes ganancias con los megaemprendimientos y barrios cerrados.
El negocio inmobiliario es motivado puramente por la especulación y en el cual el Gobierno participa activamente otorgando importantes beneficios a las empresas desarrollistas.
Así se configuran dos ciudades. Por un lado, la de los Petrone (GAMA), Bugliotti (grupo Dinosaurio), Eurnekian (titular de Corporación América) con sus megaproyectos, con garantía de servicios e infraestructura. Por el otro, está ese 40 % de Córdoba que no puede acceder a una vivienda digna.
Un problema estructural como el de la vivienda necesita de una respuesta integral de ordenamiento territorial, que contraponga la necesidad de millones de una vivienda digna a la anarquía del desarrollo urbano de las constructoras y bancos especuladores.
Por esta razón, para garantizar un plan de viviendas dignas para todos, es necesario una reforma urbana que expropie, sin pago, en primer lugar las construcciones ociosas, las tierras usurpadas por los desarrolladores privados, las propiedades hoy en manos de la Iglesia y las viviendas desocupadas que están en manos de las grandes fortunas.
Se trata de cientos de miles de hectáreas que podrían destinarse a la construcción de viviendas, con un plan urbanístico integral, créditos baratos para poder acceder a una vivienda digna, que no exceda el 20 % de los salarios.
Este plan de construcción de viviendas debe estar unido a la construcción de nuevas escuelas, hospitales y también al desarrollo de servicios básicos para la población, que debe ser parte de un plan de obras controlado por los trabajadores y vecinos, al igual de la urbanización de las villas y asentamientos.
Al mismo tiempo para facilitar el acceso al crédito se deben regular los alquileres para que no superaren el 20% del salario y extender los contratos de 3 a 5 años. | 
