La Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte (cuyo acrónimo en inglés forma la palabra raise, incrementar) se trata de un proyecto de ley elaborado por dos senadores republicanos, David Perdue, de Georgia, y Tom Cotton, de Arkansas. La primera versión se presentó en abril y ahora Trump apadrinó una nueva presentación, que aun así, según analistas, enfrenta distintos obstáculos para su aprobación.
La intención que tiene es bajar el número de green cards (residencia temporal) a personas por motivo de parentesco o reagrupación familiar: sólo aplicará para cónyuges e hijos menores de edad, además de ancianos dependientes. Hasta ahora, las personas con ciudadanía estadounidense o residencia permanente podían patrocinar a varios tipos de parientes.
De aprobarse este proyecto, desaparecerá el sistema de lotería, a través del cual se otorgan alrededor de 50.000 permisos de residencia temporal a personas originarias de países con bajos niveles de inmigración.
Prioriza como criterio para autorizar ingreso legal de los migrantes las habilidades profesionales frente a la presencia de familiares de los solicitantes. Hablar bien inglés, poseer una alta cualificación profesional y haber recibido una oferta de trabajo con buena remuneración o contar con un proyecto empresarial propio son los criterios de mayor peso para obtener permisos temporales de residencia o la green card.
Desde el inicio de su campaña electoral, Trump enarboló las banderas del racismo y la xenofobia al criminalizar a los migrantes sin documentos. Además de esto, los culpó de presionar a la baja los salarios por ser trabajadores de “baja cualificación”, así como azuzó el odio contra los países como México por ser destino de inversiones de trasnacionales que buscan pagar bajos salarios. Y ahora va contra los migrantes legales. Un mecanismo perverso para mantener dividida a la multiétnica clase obrera de Estados Unidos.
A su vez, Trump criticó “Nuestro sistema migratorio no es justo”, y en la presentación del proyecto de ley, sobre el cual afirmó “representaría la mayor reforma de nuestro sistema migratorio en medio siglo. Prevendrá a nuevos inmigrantes de obtener ayudas sociales y protege a los trabajadores estadounidenses de ser desplazados por extranjeros”. Lo que no dice es que con el pago de sus impuestos al trabajo o vía consumo -90 millones de dólares por año- los migrantes financian parte de las pensiones de los trabajadores estadounidenses y que contribuyen a generar el 32% del producto interno bruto de Estados Unidos.
Pero el discurso y las leyes antimigrantes de Trump chocan de frente con los intereses de las empresas agrícolas (con papeles y sin ellos), así como con el lobby de constructoras y compañías hoteleras (como las de él mismo), todos sectores que prosperaron por la superexplotación de los trabajadores migrantes. Tan es así, que en su encuentro con el presidente de México en el G20 acordaron impulsar un nuevo programa de trabajadores agrícolas temporales, al estilo del programa Braceros.
Ante la ofensiva de Trump contra la clase trabajadora migrante, es necesario que el conjunto de la clase obrera multiétnica de Estados Unidos, las mujeres, los pueblos originarios y la juventud, junto a los trabajadores y los sectores populares de México y Centroamérica se unan por la defensa de sus derechos para impedir que el avance de la degradación de las condiciones de vida de las mayorías.
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Con información de Univision, El País y la BBC | 
