Jesús Armando López Velarde Campa, diputado del partido Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, señaló que convocarán al jefe delegacional Rigoberto Salgado a declarar.
Según el diputado de la Asamblea Legislativa, será la comisión que encabeza la que definirá si aplica o no el procedimiento de separación del cargo, de acuerdo con las pruebas que se presenten.
A su vez, afirmó en entrevista para el programa Fórmula Detrás de la Noticia: “Vamos a establecer la ruta crítica iniciando con la solicitud de información de todas las dependencias, tanto del Gobierno de la Ciudad como de la propia delegación y federales, nos hagan llegar documentación que acredite la posibilidad de encontrar elementos para que se proceda a la destitución”.
En la comparecencia del 2 de agosto ante la misma Asamblea Legislativa, Rigoberto Salgado declaró que notificó mediante numerosos oficios al gobierno de la Ciudad de México respecto del avance del crimen organizado en la delegación Tláhuac, y en particular sobre las operaciones de Pérez Luna, “El Ojos”, quien fue abatido en el operativo desplegado el pasado 20 de julio. A su vez, negó todo vínculo con narcomenudistas.
La Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México cuenta con uno a seis meses para reunir pruebas sobre los presuntos vínculos de Salgado con el narcotráfico, así como el posible enriquecimiento ilícito del delegado.
Cuando esté listo el dictamen de la Comisión Jurisdiccional, éste debe ser valorado por el pleno de la Asamblea Legislativa. Para que el dictamen se apruebe, será necesario contar con las dos terceras partes de los legisladores de la Ciudad de México, es decir, 44 diputados.
Tláhuac: entre la militarización y las elecciones de 2018
Independientemente de que sean ciertas o no las acusaciones sobre el delegado de Tlahuac, tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tienen –de cara al proceso electoral de 2018– su propio objetivo para aprovechar esta crisis que enfrenta el Morena ante el cuestionamiento a Rigoberto Salgado. Es debilitar el avance de este partido, que ha despertado ilusiones en amplios sectores de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Ni el PRI ni el PRD está exento de vínculos con el crimen organizado en aquellos estados donde gobiernan. Se han multiplicado los escándalos, desde la masacre de Iguala en 2014, con los vínculos con los cárteles del narcotráfico de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero y miembro del PRD. Ni hablar del PRI, que colecciona gobernadores vinculados al narco históricamente, y que cuenta entre sus “perlas” más recientes a Roberto Sandoval de Nayarit y a Javier Duarte de Veracruz.
Cabe destacar que la violencia desatada en Tláhuac constituye también un grave punto de crisis para Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, expolicía que llegó al poder como candidato independiente del PRD. Justo la cuestión de la seguridad es uno de los puntos que más ha empujado a la baja su popularidad.
A su vez, de probarse las acusaciones en contra de Rigoberto Salgado, el Morena resultará también muy salpicado de la podredumbre del antidemocrático régimen mexicano, cuyos partidos tradicionales están asociados con distintos cárteles, que operan a discreción mientras mantienen su “pacto de caballeros” y reparten balas cuando los acuerdos no son de su plena satisfacción y también cuando está en disputa alguna plaza.
Quienes se llevan la peor parte son la clase trabajadora y los sectores populares, que mientras ven degradarse sus condiciones de vida –con la violencia, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por el alza de precios de la canasta básica, la crisis del transporte público– viven en carne propia el despliegue de la militarización en distintas delegaciones de la Ciudad de México, como Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa.
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