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La semana pasada el colectivo de la izquierda independentista, Arran, realizó diferentes acciones de protesta contra el modelo turístico de Barcelona. En un reciente comunicado denuncian las consecuencias de este modelo en forma de precariedad laboral y gentrificación, y se pronuncian a favor de la nacionalización de los grandes hoteles y complejos turísticos o la eliminación de las plataformas de alquiler de pisos turísticos entre otras medidas.
Las acciones simbólicas de este colectivo juvenil no han tardado en desatar una fuerte campaña de criminalización por parte de los grupos municipales del PP o el PDCat. El líder de los populares afirmó que se debe actuar ya “contra el turismo borroka”. Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PDCat, Sònia Recasens, exigía “depuración de responsabilidades y actitud clara, sin ambigüedad” para castigar estos “actos vandálicos”. También el número dos del gobierno municipal, Jaume Collboni, del PSC, se sumaba a estas condenas por la pintada realizada en el parabrisas de un autobús turístico de la empresa de transportes TMB.
Los principales medios de comunicación se han sumado con fuerza a esta campaña, alentando el término “punch” y estigmatizador (como marcan los cánones del sensacionalismo) de “tursimofobia” al clima de hartazgo de amplios sectores la clase trabajadora y jóvenes frente a este modelo turístico.
El equipo de gobierno de Ada Colau, una vez más, ha vuelto a reaccionar en la misma dirección marcada por la “opinión publicada”, como ya hiciera frente a otras cuestiones en las que lo se pone en cuestión los multimillonarios beneficios de unos pocos a costa de la explotación y la precariedad de miles. La propia alcaldesa utilizó Twitter para avanzar, ante la avalancha de críticas de los sectores más reaccionarios, medidas contra las acciones de protesta Arran.
“Se han denunciado y se investigarán y los responsables tendrán que responden ante la justicia”. Así de contundente se expresaba la alcaldesa ante los medios el pasado domingo en una comparecencia de urgencia en medio de sus vacaciones. Una vez más, desde la plaza Sant Jaume la respuesta es la criminalización de la protesta -como ya sucediera con la huelga del metro-, el uso de las fuerzas represivas del Estado -como viene realizándose contra los “manteros”- y medidas punitivas contra aquellos que salen a la calle a expresar su rechazo, no ante un verano “lleno de turistas”, sino ante un futuro asentado en trabajos precarios y alquileres imposibles.
Este es el penúltimo alineamiento de Barcelona en Comú con los capitalistas que hacen jocosos beneficios con el uso y abuso de los recursos públicos de la ciudad, de sus espacios, pero sobre todo de su clase trabajadora. Mientras tanto la “marca Barcelona” tan solo nos oferta horas y horas de extenuantes jornadas por sueldos cada vez más y más menguantes, nos expulsa de los barrios del centro con una especulación inmobiliaria sin control, nos veta el ocio en locales con precios prohibitivos y en la calle con controles y multas. Ante esto, silencio.
Llama la atención que ante unas pintadas y unas ruedas de bicicleta pinchadas Ada Colau haya salido con tanta rapidez y contundencia a denunciar los actos de protesta y haya llamado para solidarizarse al Gremio de Hoteleros, como transmitió en su comparecencia de prensa. Contrasta con el silencio que mantiene, a dos años de la llegada al gobierno, contra la verdadera violencia generada por el modelo turístico de la ciudad, la ultra explotación laboral de la que dicho Gremio es uno de los principales defensores y beneficiarios.
Hasta ahora se ha negado a tomar ninguna medida para acabar, por ejemplo, con las externalizaciones que sufren las camareras de hotel, que Las Kellys viene denunciando ante el consistorio en repetidas ocasiones. Cobrar 1,50 euros por limpieza de habitación en hoteles que cobran entre 300 y 600 euros la noche es la expresión más clara de este modelo turístico que pone por delante de la salud y la vida de la clase trabajadora los beneficios privados de los capitalistas.
Pero no es la primera vez que ante la disputa entre las “dos Barcelonas”, la del lujo y la de la precariedad, Barcelona en Comú se pone del lado de la primera. Ya en sus primeros pasos en el gobierno dieron la espalda a la lucha de las “contratas” de Movistar y dejaron en papel mojado el “Compromiso de las Escaleras” para apoyar la firma para la realización del Mobile World Congress. Un evento que, además de ser la joya de la corona de la multinacional Movistar, genera más de 12.000 empleo precarios, pagados a una media de 3 euros la hora, tanto en las tareas de montaje, como de azafatas o de catering.
Mucho más contundente y explícito ha sido su modus operandi contra los “manteros”. La Cambra de Comerç de Barcelona apretó las tuercas de puertas para adentro, mientras que La Vanguardia dio aire a los clichés y “bulos” más reaccionarios y racistas sobre los vendedores ambulantes. La respuesta de Barcelona en Comú fue iniciar una campañas de estigmatización por la ciudad y el metro, persecuciones y agresiones en las calles y redadas en sus casas. Desde el Sindicato de Materos llegaron a denunciar que la campaña del nuevo consistorio estaba siendo más represiva que la efectuada años anteriores por el equipo municiapal de CiU, con Trias a la cabeza del Ayuntamiento.
Tampoco ha habido “cambio” en uno de los grandes eventos deportivos del año, el Gran Premio de F1 que se celebra en Montmeló, dónde los trabajadores de catering tienen a lo largo del fin de semana jornadas que alcanzan las 10 horas diarias, y el resto de servicios necesarios para la celebración del evento son ocupados por jóvenes en condiciones igual de precarias.
El panorama general que dibujan estos y más ejemplos es desolador. Según los datos del INE para la ciudad de Barcelona, entre los meses de mayo y septiembre, la media de horas extras realizadas es de 630,3, de las cuales 330,3 horas no se han pagado. Esclavitud sin matices.
La negativa de Barcelona En Comú a enfrentar a los lobbies y capitalistas que se benefician de la “marca Barcelona” no puede sorprender a nadie. Esta marca fue levantada por los consistorios del PSC desde 1992, con el apoyo de ICV y EUiA. Estos dos últimos partidos son parte de la coalición que lidera Colau y dirigen áreas como transporte, y el PSC ha sido integrado a su gobierno entregándole áreas precisamente en turismo, cultura o la gestión de ferias y grandes eventos. Esto provoca que en los momentos en que este conflicto latente ha salido a la superficie, el Ayuntamiento siempre haya apostado por estar del lado del negocio y el beneficio privado.
No es “turismofobia” como señalan los medios, lo que se extiende cada vez mas entre sectores populares y trabajadores de Barcelona es un profundo hastío hacia un modelo de turismo capitalista que nos condena a la misera y retrata a un ayuntamiento “del cambio” que pone el grito en el cielo por una rueda pinchada, pero no mueve un dedo por un cambio de modelo turístico que toque los bolsillos de los capitalistas poniendo fin a sus negocios privados y acabe con la explotación de los recursos públicos y el espacio público de la ciudad y su clase trabajadora. | 
