Ya lo mostró PepsiCo: las multinacionales están acostumbradas a violar las más elementales leyes. Ahora es el turno de la empresa de productos masivos Procter & Gamble, que suspendió y sancionó a dos trabajadores que repartieron materiales de la lista de Nicolás del Caño.
Es grave. La Ley 20744, la Ley de Contrato de Trabajo que en su artículo 73 dice que "el trabajador podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos (política, religión, sindical, cultural o preferencia sexual) en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas". Además la libertad de expresión está garantizada también por todos los tratados internacionales y de derechos humanos a los que la República Argentina adhiere.
Sin embargo, pocas horas después de repartir materiales del Frente de Izquierda, dos trabajadores fueron sancionados por la multinacional norteamericana. Se trata de Darío Campo, congresal del SOJO (sindicato jabonero), y Ezequiel Pérez, ambos militantes del PTS y miembros de la agrupación La Bordó Jabonera.
En un comunicado que divulgaron las comisiones internas de Guma (Córdoba), Alicorp (La Matanza) y congresales de la Agrupación Bordo, denuncian justamente que “esta nueva actitud persecutoria de la empresa vulnera los elementales derechos democráticos que tenemos los trabajadores de expresar nuestras ideas dentro de los establecimientos de trabajo”.
Allí denuncian además que Darío Campo es delegado congresal por el gremio jabonero y cuenta con fueros gremiales que ilegalizan las acciones disciplinarias de este tipo.
Pero no parece una casualidad. “Procter & Gamble tiene un vasto historial de persecución y discriminación hacia sus trabajadores, durante 15 años la empresa prohibió la libre organización sindical y la realización de asambleas democráticas, hasta que, mediante la lucha, se logró poner en pie una comisión interna. Ahora vuelve a la carga contra aquellos que difundimos las propuestas de Nicolás del Caño y del Frente de Izquierda”, dicen los delegados y trabajadores que denuncian la persecución.
En el comunicado, aseguran que la persecución no es casual. No solo apunta contra agrupaciones combativas del gremio, sino que se trata de trabajadores que acompañan a Andrea Valdez, trabajadora de P&G, candidata a concejal por Pilar. Junto a ella y otros candidatos obreros llevan adelante una campaña por la reducción de la jornada laboral a 6 horas y 5 días a la semana, con un mínimo que cubra la canasta familiar, y otras propuestas como los derechos de la mujer trabajadora y el fin de los despidos. | 
