Las condiciones y las formas de producción han subyugado a las mujeres durante toda la historia de la humanidad, y las han relegado gradualmente a la posición de opresión y dependencia en la que la mayoría de ellas ha permanecido hasta ahora.
Alejandra kollontai
La violencia machista existe, la visibilidad que le dio el movimiento de mujeres es innegable, pero sigue siendo insuficiente. A las mujeres nos matan si enfrentamos al violento que intenta retenernos como un objeto de su propiedad.
Por otra parte está la justicia que condena a las mujeres si abortamos, si no defendemos a nuestros hijos lo suficiente, si matamos en defensa propia o si utilizamos la medicina como herramienta que permita que otra mujer decida sobre su propio cuerpo.
El rol del aparato judicial, fundamental en el armado de estas causas, es una red de complicidades demasiado profunda para nosotras. Por eso Belén, Victoria Aguirre e Higui, fueron encarceladas.
Bajo el manto de “impartir justicia” se oculta el verdadero objetivo: la intencionalidad de disciplinamiento. Porque del ejemplo se aprende y la letra con sangre entra. Entonces nos encontramos con jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y agentes de salud formando un andamiaje que no es sencillo desarmar.
El derecho, la constitución y las leyes que emanan de este Estado, tienen su base principal en la defensa de la propiedad privada burguesa salvaguardada por el monopolio de la fuerza física a través de las fuerzas represivas del mismo Estado. Los jueces pueden revisar en cada caso si consideran cada ley en “armonía” con la constitución, o, en la mayoría de los casos, fallan según intereses políticos.
Las pruebas son contundentes. Por ejemplo en la causa de Abril, la médica chubutense acusada haber causado la muerte de Maira, por garantizar la interrupción voluntaria y legal de su embarazo. Sin embargo, la joven de 17 años falleció una semana después de haber sido realizada la práctica y las causas de su muerte no han sido investigadas. El juez designado fue José Oscar Colabelli.
Sus antecedentes desbordan racismo y misoginia. En el año 2004 fue enjuiciado y destituido durante 6 años por violación a los derechos de los pueblos originarios y en 2012 intentó obstaculizar la interrupción legal de un embarazo producto de una violación a una nena de 12 años. Por esta conducta el Tribunal Superior de Justicia local solamente lo obligó a pagar una multa económica.
La justicia, ese término tan amplio y abstracto, permite que Victoria Aguirre esté detenida desde hace más de dos años acusada de no haber defendido a su hija lo suficiente. El caso es tan brutal que haber sobrevivido a la violencia de género la vuelve más culpable todavía.
Una inquisidora medieval en el año 2017
En el caso de Victoria Aguirre, la fiscal Stella Maris Salguero de Alarcón no dudó en avasallar a Victoria acusándola directamente de no haber hecho nada para salvar a su hija, razón por la cual se transformó sin más en cómplice de homicidio.
La acusó de no haber pedido ayuda cuando llevó a la niña una vez a una guardia pediátrica, y también de no haberse escapado con la pequeña. “¿No pudiste romper el vidrio para escaparte si estabas secuestrada?”, le planteó, con tono inquisidor. “¿No pudiste pedirle ayuda a la médica de guardia y avisarle que tu concubino las estaba maltratando?”. Victoria respondió llorando.
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Todos y cada uno de los casos que tomaron estado público permitieron visibilizar la manera burda en la que se arman estas causas. La complicidad entre jueces, fuerzas de seguridad y gobiernos de turno quedaron expuestas de manera superlativa.
Intentar una mejora en el sistema judicial, implicaría en principio un entrenamiento especial en materia de género para los responsables de impartir justicia. Y esto no puede hacerse sin contar con las partidas presupuestarias necesarias.
Tratar de garantizar una "justicia real" para las miles de mujeres que se enfrentan a diario a la violencia machista, significa afectar los intereses de una corporación que no está dispuesta a retroceder posiciones sin dar batalla. Sin contar que este gobierno necesita al poder judicial como aliado incondicional para llevar adelante su plan de ajuste.
En este punto es donde radica la importancia del rol que tiene el movimiento de mujeres. La organización y la movilización en las calles fue sin dudas fue el contrapeso que permitió la liberación de Higui y de Belén.
Hay que seguir insistiendo en que nuestro camino es la lucha y la organización para enfrentar estos flagelos que han crecido al amparo de la impunidad garantizada por el poder político, la justicia y las mafias policiales. | 
