Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez) , futbolista mexicano y excapitán de la selección nacional de México, y el cantante de música norteña Julio Cesar Álvarez Montelongo (Julión Álvarez) fueron acusados por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser parte de una amplia red de prestanombres para lavar dinero del tráfico de drogas.
Según las autoridades estadounidenses, Rafa Márquez y Julión Álvarez están vinculados a una organización criminal ligada al Cártel de Sinaloa y al CJNG, encabezado Raúl Flores Hernández y algunos de sus familiares.
La red de la organización Flores
Flores Hernández está señalado como “Narcotraficante Más Significativo” y su organización judicialmente es nombrada como la “Organización Flores” para la administración estadounidense.
Son 21 las personas de nacionalidad mexicana a las que el Departamento del Tesoro busca sancionar, entre ellas el futbolista y el cantante de música norteña.
A través de un comunicado de prensa la OFAC señala que cometieron el delito de “prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de la organización Flores, y/o por ser propiedad o estar bajo control de esta, sus miembros y asociados de confianza”.
Es con esta designación que se confiscan y quedan congelados los bienes, inmuebles, propiedades y cuentas bancarias que tienen los designados dentro de las demarcaciones bajo la jurisdicción estadounidense. A su vez, se les prohíbe a los ciudadanos, empresas y entidades de los Estados Unidos, cualquier contacto o nexo con los implicados.
A su vez, en el mismo comunicado las autoridades estadounidenses señalan que la Procuraduría General de la Republica (PGR) de México le informó que este miércoles aseguró bienes de Raúl Flores Hernández y su organización criminal, entre ellos el Gran Casino de Guadalajara, Jalisco.
Las acciones tomadas por el gobierno de EE. UU. son resultado de una acción coordinada de la OFAC, con la DEA y la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior, el Buró de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y el gobierno mexicano, de acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro.
Cuarenta y dos empresas de los sectores de deportes, recreación, salud, rehabilitación, restaurantes y bares, hospitales, turismo, juegos de azar y producción musical, pertenecientes a la organización Flores también están incluidos en las acciones legales y judiciales desplegadas por la administración estadounidense. Entre ellas están el Club Deportivo Morumbi, A.C., El Gran Casino en Guadalajara, Camelias Bar, S.A. de C.V. y Noryban Productions, S.A. de C.V., una compañía de producción musical.
Las respuestas de Julión Álvarez y Rafa Márquez
Alvárez, el misógino cantante que afirmó “Una mujer que no sabe agarrar el trapeador, para mí no sirve”, salió a defenderse de los graves cargos que pesan sobre él. Fue con la publicación de un video en redes sociales donde declara “Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando, de nada tengo necesidad (…) A lo mejor son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también, pueden ser muchísimas cosas”.
Por su parte, Rafa Márquez acudió voluntariamente a declarar en las oficinas de la PGR, que tiene abierta una investigación sobre el caso.
No es el primer caso en el que personalidades del espectáculo y el deporte aparecen vinculados al crimen organizado. Los equipos Medellín, Atlético Nacional y Atlético de Cali fueron vinculados a Pablo Escobar en Colombia en distintas oportunidades.
A su vez, desde 2003 el crimen organizado de Colombia ha “invertido” en el futbol mexicano. El mismo Raúl Flores Fernández, hoy acusado por el gobierno estadounidense, fue promotor deportivo en Colombia y se lo señaló en México como propietario de los equipos Querétaro e Irapuato.
En el viejo continente también se dio un caso muy sonado en España, el de José Luis Pérez Caminero, condenado por lavado de dinero.
Este escándalo potencia los anteriores, protagonizados por altos funcionarios, en particular por varios ex gobernadores del PRI vinculados al narcotráfico, como el caso de Javier Duarte, de Veracruz, hoy detenido, y el de Tomás Yarrington, de Tamaulipas.
Como telón de fondo, en nombre de la lucha contra el narco el gobierno de Peña Nieto mantiene el despliegue de la militarización, que se ha extendido incluso en partes de la Ciudad de México. Y en diez años de “guerra contra el narco”, la clase trabajadora y los sectores populares pusieron los muertos, los desaparecidos y los torturados, mientras avanza el crimen organizado.
Con información de Proceso, Animal Político, El Financiero, El Universal y Milenio |