Colima presentaba una tasa de 1.9 por cada 100,000 mujeres en 2007. Para el
2017 son 4.7 víctimas de violencia feminicida y en Durango pasó en el mismo
periodo de una tasa de 1.1 a 3.2.
Aunado a esto se han registrado 111 denuncias por violación sexual, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017.
La Comisión de Derechos Humanos declaró su preocupación ante el aumento de violencia feminicida en los estados de Durango y Colima. Mencionó que dará
seguimiento para que las autoridades lleven a cabo su trabajo con base a los
derechos de las niñas y mujeres del país, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 3 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”, así como la implementación correcta de la Alerta de Género implementado en estos estados.
La operación de seguimiento de la CNDH consiste en emitir recomendaciones a
instancias para que pongan atención en debidos procesos, sin embargo, como son recomendaciones estas tienen la opción de llevarlas a cabo o no.
Tan sólo durante el 2007 y 2014 se han registrado 17 mil 274 feminicidios
reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sin embargo sabemos de cosas que la autoridad se niega a presentar como victimas del feminicidio por lo que seguramente serán más los casos.
¿Alerta de Género o movimiento contra la violencia patriarcal?
La implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) condona los
servicios como alumbrado público, así como sacar los militares a las calles
poniendo una especie de toque de queda, bajo una bandera de “seguridad,
prevención, justicia y reparación”.
Hemos visto que tanto la Ley de Acceso a las Mujeres y la convención de Belém
do Pará se han quedado en el mero reconocimiento de del Estado, pues año tras año la violencia hacia a las mujeres aumenta.
Como decimos en esta nota, “la AVG, definida como el ‘conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad’ y que otorga ‘facultades excepcionales para la intervención activa del ejército y la declaración del toque de queda para la población con el fin de erradicar la violencia’, expresa una lógica gubernamental para abordar la violencia contra las mujeres como un problema de ‘seguridad nacional’ que se traduce en la militarización del país y en la suspensión de garantías individuales.
En México el Ejército y la Marina enfrentan miles de denuncias de violación de
derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, así como de tener vínculos con el crimen organizado. Por eso no podemos esperar que de sus patrullajes y
presencia en las calles venga la seguridad y el combate a la violencia.
Ante el avance de la violencia patriarcal, desde Pan y Rosas consideramos que
sólo un movimiento de mujeres combativo, que recupere las calles y desconfíe de las instituciones y el Estado, puede exigir la conformación de comisiones de
investigación independientes integradas por organizaciones de derechos
humanos, familiares de las víctimas y activistas contra el femínicidio, a la par de empujar la movilización y la unidad con otros sectores en lucha contra el gobierno, en particular las organizaciones obreras y sindicales democráticas y opositoras, para hacer frente a la violencia y la explotación.
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