El miércoles por la noche, los senadores oficialistas habían aprobado el proyecto elaborado por la Casa Rosada para regular la telefonía fija y móvil, la provisión de Internet y de TV por cable y satelital. Aunque el texto final contiene casi cincuenta modificaciones respecto al original redactado la presidencia, en lo sustancial el proyecto de Cristina Kirchner está listo para que Diputados le dé media sanción y lo convierta en ley.
Ayer, en una reunión de casi cuatro horas de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, de la que participaron el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el Ministro de Planificación Julio De Vido y el Secretario de Comunicaciones Norberto Brener, los diputados oficialistas firmaron casi sin discusión el dictamen favorable y lo enviaron para ser tratado en el recinto.
Si bien se permitió que los diputados de la oposición formularan preguntas a los funcionarios, las autoridades de la comisión dejaron claro desde el inicio que no se le iban a introducir modificaciones al proyecto, por lo que la poca discusión fue estéril.
La sesión especial para sancionar definitivamente la ley en la Cámara baja será el próximo martes. El proyecto es el mismo que llegó del Senado, y que fue puesto en consideración de los diputados apenas unas horas antes de la reunión de comisión, donde el kirchnerismo puso la firma en tiempo récord.
Como viene reflejando La Izquierda Diario, desde que Julio De Vido y el Secretario de Comunicaciones Norberto Berner presentaron el proyecto en sociedad, fueron varias las polémicas que se desataron entre el empresariado que talla en el campo de las telecomunicaciones. Vale recordar que tanto en la telefonía como en la provisión de Internet y de televisión paga, se cruzan y relacionan corporaciones nacionales y multinacionales como Clarín, Telefónica, Telecom, DirecTV, Claro (del magnate mexicano Carlos Slim) y decenas de empresas menores que inciden al interior de las provincias y regiones del país.
Precisamente las modificaciones realizadas en el Senado tienden a responder el reclamo de varias PYMES, cooperativas y cableoperadores que rechazaban el proyecto original ya que las ponía en un plano de competencia abierta con los pulpos multinacionales. Así, la intención de CFK y sus funcionarios por entregarle un negocio más que jugoso a Telefónica, Telecom y Claro (habilitándolas a vender señales de TV), generó dudas en varios empresarios del interior que terminaron obligando a los senadores oficialistas, encabezados por jefe de bloque Miguel Ángel Pichetto (íntimamente relacionados con ellos por favores mutuos en las provincias), a modificar el texto.
Sin embargo, en lo sustancial, Argentina Digital mantiene la intención del kirchnerismo de encuadrar en una misma norma negocios multimillonarios que hasta el momento se desarrollaban de forma desordenada y hasta por separado. Con el proyecto, el gobierno se apresta a sentar a una misma mesa de negociaciones a todos los actores poderosos del sector. Algo para nada menor de cara a un 2015 políticamente intenso.
Interés y autoridad
Un punto a destacar entre las modificaciones votadas en el Senado es que, finalmente y después de varias idas y venidas, se declara “de interés público” el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados. Un concepto que siempre fue rechazado por los grandes monopolios, ya que obliga al juego compartido con otros capitalistas y algunas regulaciones formales por parte del Estado. Este cambio fue uno de los motivados por empresarios del interior, ya que tienen una herramienta más para repartirse el negocio con las “telcos” multinacionales.
Sin embargo, el proyecto considera solamente como servicio público (lo que implica que sus tarifas estén reguladas) a la telefonía básica o fija (de nulo interés para los negocios de las telefónicas); y no así a la telefonía móvil, y menos que menos, al servicio de internet. Asimismo, autoriza a las telefónicas a brindar servicio de televisión -excepto la satelital - lo que significa una derogación parcial de la Ley de Medios que quitaba esta posibilidad a cualquier empresa que brinde un servicio público.
La iniciativa oficial también introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de las conexiones. Además, incorpora el concepto de neutralidad de la red, esto es, que el servicio de Internet no pueda variar la velocidad o las condiciones a las que se accede a los distintos sitios web.
Lo que no sufrió modificaciones, aunque sí precisiones, es el carácter de la Autoridad de Aplicación de la nueva ley, algo que interesaba particularmente al Ejecutivo. Es que así se asegura poder terciar en la competencia entre capitalistas, en un juego de “toma y daca” permanente para aprobar o rechazar inversiones, co-financiar emprendimientos y hasta inhibir o impulsar el desarrollo empresarial.
Al igual que intentó hacerlo con la AFSCA a partir de la promulgación de la Ley de Medios (aunque con escaso éxito de Sabbetella por el momento), la nueva Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) será una oficina gubernamental a la que caerán propios y extraños a negociar.
La AFTIC tendrá la siguiente conformación: tres miembros designados por el Congreso, uno por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, y dos por la Casa Rosada.
El próximo martes, entonces, será el turno del debate y votación en Diputados, donde el kirchnerismo se juega a lograr un tratamiento expeditivo sin mayores contratiempos. Vale recordar que Argentina Digital y el nuevo Código Procesal Penal fueron las dos normas que, en su apuro por cerrarlas y hacerlas ley antes de fin de año, obligaron al kirchnerismo a prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso. Quizás el martes, transpirados y con la lengua afuera, los diputados del Frente Para la Victoria y sus aliados podrán decir “misión cumplida”. | 
