Después de un largo trabajo de investigación y de recolección de datos, la denominada Comisión Nacional de la Verdad (CNV), dirigida por un órgano colegiado de seis miembros instituido por el gobierno de Dilma Roussef, entregó hace algunos días en sesión solemne, el informe final de más de cuatro mil páginas.
Las altas autoridades del gobierno y la dirección de la CNV celebraron la entrega del informe en su condición de gran evento de conciliación nacional. Vale decir, una celebración de la conciliación entre los torturadores y responsables políticos y los torturados y víctimas de la dictadura que mandó en el país por 21 años.
Con lágrimas de cocodrilo y cínicamente, la presidenta Dilma declaró que “reverenciaba el pacto político que nos llevó a la redemocratización”. A su vez, el coordinador de la Comisión, con aires de quien vive en el mundo de la luna, afirmó tener la convicción de que las violencias cometidas en el período de la dictadura no volverán a ocurrir, “no se repetirán nunca más”.
Son autoridades adaptadas a los gabinetes tranquilos, climatizados y que solo se enteran de las atrocidades de un aparato represivo del Estado de manera indirecta, literaria y mediática. No se quieren enterar del aparato todopoderoso y aún más sofisticado y violento que el de hace décadas atrás, abiertamente enfocado en la masacre al pueblo pobre, negro y precarizado de las favelas y periferias de las grandes ciudades, enfocado en los Amarildos y Claudias (en referencia a casos emblemáticos de víctimas de la violencia policial en Brasil).
De hecho, el golpe cívico militar de 1964 que transformó la Constitución vigente en ese momento en papel picado, que tiró abajo el gobierno e implantó la tortura como política de Estado, fue desatado precisamente contra la clase trabajadora que en aquel momento se sublevaba y convergía hacia una alianza con campesinos y soldados insurrectos, enfrentando el régimen y el poder burgués.
Uno de los miembros de la Comisión, Rosa Cardoso, señaló en una entrevista que “los trabajadores fueron el blanco privilegiado del golpe de 1964 y que había una dictadura fabril dentro de la dictadura”. También ella fue quien denunció a dos decenas de empresas donde la patronal entregaba trabajadores a los sótanos de la dictadura, y citó el ejemplo de Petrobrás “que fue totalmente militarizada” durante la dictadura, realizando casi mil despidos e investigando a casi dos mil empleados.
Nada de esto evidentemente fue destacado en las “recomendaciones” finales de la CNV. Ni siquiera se propuso la revocación de la maldita Ley de Amnistía, es decir, del pacto en las alturas que garantizó la impunidad de los generales dictadores y de todos los agentes de represión nombrados en el mismo informe. En verdad ese informe, al igual que el llanto de Dilma, le lavó la cara a los asesinos de la dictadura militar.
Libró la cara de las fuerzas represivas que hoy siguen ejecutando el mismo modelo de los militares, de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo pobre aquí y en Haití, donde el gobierno actúa con tropas de ocupación pronorteamericanas. Los investigadores honestos y defensores de los derechos humanos que se dedicaron a producir este informe de la CNV terminaron activa o pasivamente siendo cómplices de un reciclaje de aquel acuerdo que amnistió lo que no podía, los crímenes de tortura en defensa del Estado burgués.
Es absolutamente contradictorio concluir que la represión de lesa humanidad era “política de Estado y de conocimiento de toda la línea de comando del gobierno” y acto seguido avalar la Ley de Amnistía que legitimó todo eso. El coordinador de la Comisión, Dallari, sintetizó todo eso cuando lamentó lo “frustrante” que las Fuerzas Armadas que fueron protagonistas de la violación sistemática de derechos elementales ni siquiera reconozcan que violaron, mataron, torturaron, violaron. Su lamento llega a ser patético, impotente, diplomático, ya que la misma Comisión preservó la Ley de Amnistía.
Nuestro problema no es solo el “conocer la historia” o “recordar los desaparecidos”. Eso también es esencial. Pero la gran verdad de la que la Comisión no quiere enterarse oficialmente es que el pasado no pasó. Esta verdad tiene que tener un valor práctico: el desmantelamiento del actual aparato represivo defensor de la patronal y exterminador de pobres y de todo aquel que proteste contra la explotación del trabajo, de género, de raza o contra la violación de derechos humanos básicos.
Lo que la CNV demostró con su gesto teatral, mediático, fue que esa tarea no puede ser llevada a cabo por los representantes de las elites que mandan en el Estado. Es tarea del activismo social aliándose a la clase trabajadora en organismos de base y de combate.
Quien haya visto la entrevista del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, declarando abiertamente que la amnistía a los torturadores es definitiva, que no se rompe la Constitución, que el pasado es intocable, que ninguna ley internacional está por encima del STF o que tenemos que perdonar (también) a los autores materiales e intelectuales de la tortura sabe que la cúpula del régimen piensa de la misma forma que los golpistas de 1964. Es el mismo pensamiento de clase.
Primero ellos mismos rompen la Constitución, en 1964, luego exigen que se respete la Constitución escrita por ellos, los vencedores. Quien haya oído al militar de la reserva, Jair Bolsonaro, violador confeso, declarar que defender los derechos humanos es defender “la vagancia”, quien haya visto las declaraciones del Club Militar de que la CNV está hecha de “socialistas para proteger a terroristas e izquierdistas” debe poner sus barbas en remojo y entender, de una vez por todas, que los golpistas están ahí, las fuerzas de represión y tortura están en el poder, los mandantes de la dictadura son los mandantes del orden político nacional. Dilma es cómplice de todo esto.
En junio, en Brasilia, hubo una marcha en las dependencias del Sector Militar Urbano, donde viven los altos mandos militares, que salió a las calles autoproclamándose Marcha de la Familia con Dios por la Libertad, pidiendo el regreso de los militares al poder y demás. Es un problema mucho más de clase que el de media docenas de “viudas de la dictadura”. Es un problema que no se resuelve con la recomendación de la CNV de que hay que “enseñar a la policía a respetar los derechos humanos” o de separar memoria de justicia, como si fuesen etapas congeladas en las que se va ya casi medio siglo de “memorialismo” e impunidad.
La tortura contra trabajadores, activistas sociales y demócratas no era práctica aislada de agentes de Estado enloquecidos, era una política de Estado como la misma Comisión reconoció oficialmente. El problema es que no alcanza con reconocer eso en el papel, en una reunión con la presidenta Dilma dentro del palacio, y luego preservar la Ley de Amnistía y finalmente no denunciar las actuales fuerzas represivas, forjadas en la cultura de aplastar todo y cualquier movimiento de masas y perseguir al activismo social. Vale volver a decirlo: el mismo gobierno que habla en nombre de “la verdad” es el gobierno que necesita de los Bolsonaro, que se apoya en su partido político (PP) para gobernar. Aquí el mensaje es claro: comisiones organizadas por el gobierno no van a ningún lugar que no sea la conciliación de clase, acuerdos con la represión golpista, a la memoria por la memoria misma, al pacto de impunidad, a la diplomacia en relación a la truculencia policial cotidiana contra pobres y negros y a la mentira.
La verdad y la justicia solo pueden ser una conquista del activismo social, liderado por la clase que vive de su trabajo y sus órganos de base, la clase que sufre cotidianamente la explotación en el trabajo y las cadenas de la dictadura implacable y perversa de la fábrica. Solo habrá salida de verdad a partir del momento en que esa clase asuma la conciencia de combate y por lo tanto de que sus derechos más elementales, sociales y humanos, suyo y de sus hijos, son violentados todos los días, en el trabajo, en las calles y en el derecho a la vida plena.
