El abogado, Chuzo González Quintana, es parte del equipo que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la medida cautelar que finalmente fue aprobada, e intima al Gobierno que en un plazo de diez días de respuesta sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
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¿Cómo llegan desde la APDH a realizar la denuncia ante la CIDH por la represión en el Pu Lof de enero?
Todo se da de manera inesperada, precipitada y sorpresiva, al menos para mí. Me encontraba colaborando en el armado de una acción de amparo ambiental contra del proyecto Laderas y el loteo faraónico que el magnate ingles Joe Lewis pretende desarrollar en el Faldeo del Cerro Perito Moreno en la localidad de Mallín Ahogado, Rio Negro. Estábamos trabajando en comisiones en el acampe por la vida y el agua en la localidad de “El Bolson”.
Fue entonces cuando en horas de la siesta se detiene en la carpa que estaba montada en pleno centro de esa localidad, un vehículo. Se bajan dos mujeres y casi desesperadamente piden ayuda a los que allí estábamos trabajando. Concretamente solicitaban un abogado de derechos humanos que las acompañara a la localidad de El Maitén en donde, a raíz de los gravísimos hechos de represión suscitados en la madrugada del 10 de enero en la Lof en Resistencia Cushamen, habían detenido a 10 personas y otras tantas estaban heridas en el territorio, incluyendo mujeres y niños.
Sin dudarlo ofrezco mi acompañamiento e intervención profesional. Llegamos a la localidad de El Maitén. La comisaría estaba sitiada, mucha gente de condición mapuche exigía la libertad de 7 detenidos, vejados, torturados y heridos dentro de los calabozos del lugar. Fui el primer abogado en visitar las celdas y entrevistarse con cada uno de los apresados. Largo sería describir la situación.
Pero hay un hecho muy especial que me sensibilizó de gran manera. Dos mujeres lloraban en una celda, la mayor abrazaba y consolaba a la menor. Una de ellas tenía el brazo fracturado, la otra menstruaba de manera abundante producto de stress vivenciado. Ninguna de las dos había recibido la atención humanitaria mínima. A la menor le dijeron desde un sórdido pasillo policial “tomate tu propia sangre india sucia”. Ivana Huenelaf y Daniela “rojita” González eran las mujeres.
Recorrí dos calabozos más, había dos varones, uno baleado en la espalda y el otro con el rostro desfigurado. Gustavo Jaime y Javier Huechullpan. Un tercero estaba “desaparecido”, Jorge Buchile y los hermanos Gonzalo y Pablo Seguí detenidos bajo custodia en sala de guardia. Me fui con el corazón roto y una terrible bronca atragantada. Llegué de madrugada a Esquel en donde habían tres detenidos mas, Ariel Garzí, Ricardo Antihual y el hermano menor del Lonko Facundo Jones Huala. Los tres estaban muy golpeados también.
Lo primero que hice junto al colega Raúl Prytula de APDH Río Negro fue interponer una acción de hábeas corpus en el Juzgado Penal a cargo del Juez Ricardo Colabelli, confeso antimapuche que rechazó la acción, luego de escuchar los testimonios de los jefes de policías que intervinieron en el conflicto del 10 y 11 de enero.
Finalmente y luego de que el conflicto y la situación se fue agravando cada vez más, junto con mis compañeros los abogados Fernando Cabaleiro y Darío Avila interponemos la denuncia ante la CIDH el jueves 13 de enero a las 01:00 de la mañana, donde denunciamos lo sucedido en la Lof y en El Maitén los días 10 y 11 de enero. La CIDH rápidamente le dio curso y se avocó a investigar los hechos.
¿Qué opinión expresó la gente de la comunidad sobre la denuncia que realizaron ante la CIDH, teniendo en cuenta el historial de experiencias previas que tienen con un sistema judicial que nunca los protegió? ¿Qué expectativas tienen?
En todo momento se mostraron agradecidos con nuestra colaboración. Nosotros actuamos de pleno derecho, no consultamos a las víctimas porque entendimos que la urgencia y la gravedad de la situación nos obligaba a actuar de inmediato, sin dilaciones ni cuestiones protocolares que pudieran demorar la intervención de dicho organismo y hacer cesar los hostigamientos, los hechos de represión, la criminalización de sus reclamos y los injustos encarcelamientos que estos hermanos estaban sufriendo desde que iniciaron el proceso de recuperación territorial en Cushamen. Después de todas las instancias por las que ha ido pasando nuestra denuncia creemos que los beneficiarios están con muchas expectativas y esperan, al igual que nosotros, una sanción ejemplificadora contra el Estado Argentino.
¿Cuál fue la respuesta del Estado argentino ante la CIDH a partir de su denuncia de los hechos? Teniendo en cuenta la campaña de demonización que, desde antes y durante las represiones, llevan a cabo gran parte de los medios de comunicación.
La CIDH le corrió traslado de la denuncia a las Ministras Malcorra (hoy fuera del cargo) y (Patricia) Bullrich para que en el término de 15 días enviaran los informes pertinentes. Cosa que hicieron en tiempo y forma pero reproduciendo casi de manera textual los expedientes obrantes en la Justicia Federal y Provincial (Chubut). Además actuaron haciendo propias las versiones de los fiscales intervinientes, violando el principio constitucional de inocencia al no respetar los canales normales del debido proceso. Este proceso, en su devenir temporal, ha ido equilibrando la balanza de la justicia, acreditando la absoluta inocencia de los 10 ciudadanos que al día de la fecha continúan encausados bajo investigación penal.
Sin embargo las respuestas oficiales fueron las que en estos días se han ido fortaleciendo, en el sentido de intentar justificar hechos de extrema gravedad represiva, en el supuesto accionar violento y terrorista de una organización mapuche que ha decidido dejar la pasividad y la opresión, para plantear un proyecto político basado en la recuperación de tierras ancestrales, la cultura y la cosmovisión de su pueblo preexistente.
Cuando realizaron el 2° informe para la CIDH el lonko Facundo Jones Huala se encontraba detenido por segunda vez. Esto fue posible ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores no notificó al Estado Chileno de la nulidad del juicio de extradición, quedando vigente el orden de captura internacional ¿Por qué crees que no se realizó este importante paso administrativo que permitió este avasallamiento de los derechos del lonko?
Creemos que eso ha sido una gravísima omisión de los deberes de funcionario público. Pone a las autoridades del Estado Argentino, concretamente a la ex Ministra Malcorra, en un umbral delictivo, en virtud de un ejercicio abusivo del poder, situación que debió ser investigada de oficio por algún fiscal federal en turno de la Ciudad de Buenos Aires.
Nada de eso ha sucedido y entendemos que obedece al mecanismo impune con que se maneja el actual Gobierno de la república a la hora de avanzar con la desarticulación de la lucha mapuche en Cushamen.
El objetivo es desde hace un par de años encerrar al Lonko Facundo y desactivar al MAP como organización política. Sabido es que toda resistencia se debilita atacando directamente a su cabeza. Y justamente Lonko significa cabeza, allí apuntan y por eso necesitan armar causas y procesos penales aquí o en Chile que consigan condenar al líder, a la cabeza que guía el movimiento en resistencia.
¿Ustedes conocen antecedentes de que el Estado argentino haya actuado de manera similar frente a otros casos, tanto de pueblos originarios como de otros sectores populares?
El Estado Argentino a través de sus instituciones represivas viene violentando e intentando desarticular a todo tipo de organización, indígena, socioambientalista o política de base, que plantee una lucha contra el extractivismo, enemigo común a lo largo y a lo ancho de este país, incluso de esta parte del continente.
Durante el Gobierno anterior la lucha contra el ataque a las comunidades qom, wichis, pilagá y guaraníes se convirtió en una causa nacional, incluso con una denuncia ante la CIDH que lamentablemente no fue admitida ni tuvo avances como esta que hemos interpuesto en enero con los compañeros de APDH y Naturaleza de Derechos, pero a los largo de los casi 200 años de Estado Argentino nunca un solo Gobierno se ha ocupado de reconocer de manera sensata la preexistencia de las 36 naciones originarias que coexisten actualmente dentro de la república.
La madre de Facundo dijo que hay un rumor de que Villanueva quiere enviar a Facundo a Buenos Aires, a un penal con clínica, por su estado de salud. ¿Qué se sabe de eso?
Eso fue solo un rumor del que nunca hubo certezas, igualmente en el día de hoy (21 de agosto) el mismo Lonko ha dicho en un comunicado desde su encierro, que ha abandonado la huelga de hambre por pedido y apoyo de sus hermanos mapuche y de todas las organizaciones de derechos humanos y políticas que se han solidarizado con su lucha.
¿Creés que Villanueva puede darle la libertad próximamente a Facundo?
Creo apoyándome en consideraciones de hecho y de derecho, que el juez federal Gustavo Villanueva no es competente para iniciar un nuevo juicio de extradición. La ley es muy clara en materia de competencia territorial y debería plantearse la nulidad del proceso si es que finalmente se inicia en su jurisdicción. Si este juez hubiera aplicado correctamente el derecho, se hubiera declarado incompetente y hubiera ordenado la libertad de Facundo a las 24 horas de haberlo detenido. Sin embargo entiendo que no todo obedece a cuestiones jurídicas o judiciales. El conflicto es político y debe analizarse desde esa perspectiva.
El 10 de agosto la CIDH otorgó un plazo de 72 horas al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara sobre el paradero de Santiago Maldonado. ¿Tenés información sobre la respuesta si es que la hubo?
Teniendo en cuenta la experiencia de haber sido denunciante del Estado argentino ante la CIDH considero que ya deben haber respondido ese informe, aun no nos han corrido vista. Lo más grave es que creo también, que esa respuesta ha sido armónica y guarda sintonía con las declaraciones de la Ministra Bullrich en el Senado de la Nación. Esto es, negando todo tipo de participación y responsabilidad de la Gendarmería Nacional en la desaparición forzada del compañero Maldonado, lo cual agrava más aun el estado de cosas y la situación institucional del gobierno, puesto que la máxima jefa de la fuerza encubre sistemáticamente este grave delito que tiene en vilo a la sociedad toda. Ya dijimos Nunca Más y aun así hay casi 200 desaparecidos en democracia. |
