Basados en una denuncia del PRI, Guillermo Anaya habría omitido declarar 70 millones de pesos que le habrían llegado de manera ilícita para pagar gastos de sus campaña.
Según los príistas, el PAN pago a más de 6mil personas mediante tarjetas emitidas por el banco Banorte, de esta manera se garantizaban votos a favor de Anaya.
Estos fondos supuestamente salieron del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana. Dicho dinero habría sido manejado por el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parece inclinarse por impedir la participación tanto de Anaya como del priísta Miguel Riquelme, en caso de que se anularan las elecciones del 4 de junio.
Esta posible medida y la investigación abierta por el TEPJF hacen dudar de su imparcialidad. Pese a las múltiples denuncias y pruebas presentadas contra Alfredo del Mazo, candidato príista y ganador de las elecciones del Estado de México, nunca se cuestionó ni se abrió una sola investigación.
La corrupción y las múltiples artimañas que el conjunto de los partidos del congreso llevan adelante para mercantilizar el voto, hablan de una democracia degradada en la que no solo se van millones de pesos, sino que no representan la voluntad popular y excluyen a alternativas independientes independientes de los partidos que gobiernan para los empresarios, en especial a las organizaciones de trabajadores y de la izquierda. | 
