El Gobierno salió a “cazar” a los responsables de la filtración de los datos del blanqueo de capitales. Ocurre luego de que, el domingo pasado, por medio de una nota en el diario Página/12, el periodista Horacio Verbitsky informara que amigos y familiares de funcionarios del Gobierno habían accedido al llamado “sinceramiento fiscal”.
La difusión de los datos, que tenían carácter secreto, desató un fuerte descontento en el Gobierno nacional que había ofrecido ese mecanismo como uno de los “atractivos” del blanqueo.
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Según la información brindada en Página/12, en la lista de “blanqueadores” figuraban el empresario Marcelo Mindlin que blanqueó 770 millones de pesos; el hermano del presidente Gianfranco Macri, que blanqueó 622 millones de pesos; y Nicolás Caputo, amigo personal de Macri, con 465 millones de pesos.
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Fue el titular de la AFIP, Alberto Abad, el que presentó una denuncia penal para que se investigue quiénes estuvieron involucrados en la difusión de los datos. La misma, por sorteo, cayó en el juez Rodolfo Canicoba Corral. Según el Código Penal, de encontrarse responsable podrían sufrir pena de prisión.
Así, el Gobierno nacional sale una vez más a demostrar que, por sobre todo lo demás, se encuentra la garantía de las ganancias del gran capital, hayan sido obtenidas en "blanco" o "blanqueadas" luego de obtenidas. | 
