Guatemala vuelve a vivir una crisis política luego de que el actual presidente Jimmy Morales declarara “persona non grata” a Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, organismo constituido por la ONU). El magistrado anticorrupción, cuya figura es ampliamente apoyada en el país centroamericano, fue el mismo que destapó el sistema de corrupción aduanera del ahora ex presidente y encarcelado Otto Pérez Molina y sus más cercanos colaboradores.
Jimmy Morales ordenó la expulsión de Iván Velásquez el mismo día que el Constitucional pidió despojarlo de su inmunidad política para investigar la financiación de la campaña que le diera la victoria en elecciones, donde el actual presidente habría incurrido en actuaciones ilegales como secretario general del partido, por haber recibido recursos y no declararlos.
Como sucedió con Otto Pérez, el retiro de la inmunidad es importante para que continúe la investigación sobre financiamiento no reportado por el partido de gobierno al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la campaña de 2015, en la cual Morales fue candidato presidencial y, en su calidad de secretario general de la organización, lo hace responsable ante la ley. El TSE solicitó revisión de soportes contables y documentación de ingresos y gastos con una notificación a la entonces contadora del partido, Ana Gloria Josefina Pérez Monterroso, pero “nunca fueron atendidas”, refirió la Cicig.
Las cuentas y las relaciones de Jimmy Morales
Iván Velásquez explicó los hallazgos del TSE sobre transacciones anómalas en dos cuentas bancarias en las que se estableció que Q1 millón 862 mil 206 y otra de gastos permanentes Q473 mil 45, que no fueron reportados por el partido de Morales, FCN-Nación.
También se hace referencia sobre la segunda vuelta de FCN-Nación, en octubre de 2015, los gastos de campaña alcanzaban los Q4 millones 386 mil, de los cuales se desconoce el origen de los recursos de ese “incremento constante”. Pero se suman además Q2 millones 335 mil 20.52 que correspondieron a los depósitos bancarios, que suman Q6 millones 721 mil 252. Ante los reportes que fueron ocultados al
TSE, el secretario general, en ese entonces Jimmy Morales como representante legal de FCN-Nación, “impidió al Tribunal Supremo Electoral y a la ciudadanía” conocer la identidad de los financistas, ha mencionado Velásquez.
Pero no terminan aquí las actividades ilícitas y truculentas del presidente Morales. Las autoridades del Cicig han mencionado la investigación sobre el uso del helicóptero vinculado al ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, declaró Velásquez.
El Ministerio Público presentó imágenes en la que se ve que Jimmy Morales y Jafeth Cabrera se trasladaban en un helicóptero matricula TG-ANM durante la campaña de 2015. El monto del arrendamiento del helicóptero era en su momento de Q175 mil 206.59. Al parecer FCN Nación mezcló fondos de cuentas de campaña y gastos permanentes, según el informe del TSE.
Por otra parte, Morales ha buscado apoyo entre sectores de la iglesia y empresarios. La primera reunión de Morales fue con empresarios del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (Cacif).
El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, informó que durante el encuentro se habló de la resolución de la corte, de la continuidad del comisionado al frente de la Cicig y del temor que tienen algunos empresarios ante la crisis que vive el país. Sin embargo, el presidente del Cacif, Antonio Malouf, inicialmente negó que los empresarios y el presidente Morales hayan hablado del fallo judicial a favor de Velásquez. Mientras, representantes de la Alianza Evangélica se reunieron con Morales para brindar su apoyo ante esta crisis política.
La protesta vuelve a la plaza
Morales ha pedido a la ONU que se limite el mandato a la Cicig en Guatemala, pero las protestas se han dado en las calles nuevamente bajo el repudio contra la corrupción de su gobierno.
Diferentes organizaciones y las propias autoridades de la Cicig han alertado sobre la posibilidad de que el presidente Jimmy Morales haya aprovechado su reunión con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para solicitar desde su estancia en Nueva York la salida de Iván Velásquez de la Cicig.
El descontento social vuelve a reactivar la protesta en las calles por el antejuicio para el presidente Morales. Las movilizaciones tienen como antecedente el proceso contra Otto Pérez Molina y la gran masividad que alcanzaron durante 2015, donde también crecía el repudio contra la corrupción e impunidad en el país centroamericano. Sin embargo, la vía para contener todo el descontento fue por la vía institucional y después por medio de las elecciones.
Como se alertaba desde entonces, la actividad de la Cicig no resulta suficiente para terminar con un régimen que desde sus entrañas orquesta y perpetúa el sistema de corrupción. ¿Podrá hacerlo un organismo dependiente de la ONU? Recordemos que se trata del mismo organismo que envió a los cascos azules a Haití, que realizaron todo tipo de abusos contra la población, en especial contra mujeres y niños, y fueron responsables de la mortal epidemia de cólera que azotó ese país caribeño.
El amplio respaldo de la población a la Cicig y a la figura de Iván Velazquez debe de ubicar también sus enormes límites en la lucha por terminar de raíz con ese régimen heredero de las dictaduras militares que ha visto Guatemala, garante de la expoliación y el saqueo imperialista en la región.
Si hay antejuicio y castigo para Jimmy Morales por las actividades ilícitas, ¿qué sigue? ¿qué garantiza que la corrupción no se instale nuevamente en el gobierno en detrimento del conjunto de la población guatemalteca? Potenciar la movilización en las calles de manera independiente y con las demandas de los sectores de trabajadores, indígenas, organizaciones de mujeres y sectores de la juventud, será la tarea para llevar a cabo en esta coyuntura, donde la confianza en la fuerza de las mayorías debe primar. | 
