En la última sesión del Consejo Superior del miércoles (30) se aprobó una primera reglamentación del voto ponderado del rector y de las autoridades que fuera instrumentado a partir de la reforma del estatuto de 2015 y que está contemplado en la Ley de Educación Superior menemista.
Esto marca una diferencia del anterior sistema de voto indirecto, por el cual, los integrantes de cada claustro elegían a sus representantes y luego los consejeros electos (estudiantiles, docentes, graduados) elegían en su Consejo Académico a sus respectivos decanos por facultad. Como segundo paso en conformar el gobierno universitario, los decanos y los consejeros superiores de cada facultad, reunidos en asamblea universitaria, elegían al rector.
Con 16 votos a favor, y dos en contra, el rector Rodolfo Tecchi y los consejeros resolvieron aplicar el voto ponderado por el cual el conjunto de los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, no docentes y graduados, eligen al rector.
No obstante, el cambio que introduce el voto ponderado, el mismo sostiene la estructura de castas que rige al gobierno universitario. Esto se traduce en que según esta reglamentación el voto de los profesores (ordinarios e interinos) vale un 50%, el de los estudiantes 33%, el de graduados 11% y el de los no docentes 5%. O sea, aunque ahora todos votan a las autoridades, el voto de cada integrante de la comunidad universitaria no vale lo mismo.
Además aún resta que las autoridades y consejeros definan la ponderación del voto de cada facultad en el total, otra forma de profundizar las desigualdades en los derechos políticos entre los miembros de la comunidad universitaria.
En la UNJu según el Anuario Universitario de 2013 hay 14.800 estudiantes, 970 docentes, 562 no docentes. Sin embargo, los estudiantes que constituyen la mayoría de la comunidad universitaria, su voto solo vale un 33%, quedando en minoría respecto a los docentes y graduados.
Se reproduce mediante el mecanismo del voto ponderado, una desigualdad de derechos políticos, que tiene un sustento material en las profundas desigualdades que hacen a los miembros de la comunidad universitaria. Algo que comienza con el Rector que cobra 170.000 pesos por mes.
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Un paso adelante en la democratización del gobierno universitario exige el voto directo y con igual ponderación, o sea, que el voto de un estudiante valga lo mismo que el de un docente, un graduado y un no docente. A la vez, este es un primer cuestionamiento al sistema de castas, como también una política para darle impulso a constituir un gobierno tripartito con mayoría estudiantil, con claustro único docente y con voz y voto de no docentes.
Esta pelea por democratizar el gobierno de la Universidad es un paso también hacia conquistar la autonomía universitaria respecto de las multinacionales y empresas, como también hacia reorientar los recursos y conocimientos de la Universidad al servicio de las necesidades de las mayorías trabajadoras y populares. | 
