El diputado por Podemos y actual secretario general de Podemos Aragón deja su escaño en las Cortes autonómicas para liderar las secretarías de Organización y de Programas. Así lo ha comunicado en una rueda de prensa tras el consejo de coordinación de Podemos, afirmando que lo hace para “no influir con su cargo público en asuntos orgánicos”, defendiendo también los nuevos estatutos, modificados por la directiva de Iglesias por fuera de las votaciones de Vistalegre II y sin ser ratificados por las bases.
En una entrevista concedida al diario Público señalaba como motivos para el traspaso del cargo la finalidad de “no condicionar el proceso de renovación de la dirección autonómica” y “no interferir en los nuevos liderazgos que tienen que construirse en Podemos Aragón”.
Posteriormente, ha recomendado como sucesora en la secretaría autonómica a Maru Díaz, actual secretaria general de Podemos Zaragoza y portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, en unas votaciones que se celebraran entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre para renovar la secretaría general en Aragón de Podemos.
Así mismo, esgrimía el resultado de las votaciones de la II Asamblea Ciudadana en Vistalegre, en las que con 80.000 votos, Pablo Echenique era la segunda figura con más apoyo de la formación morada por detrás de Pablo Iglesias, como uno de los motivos para renunciar a su escaño y dedicarse de lleno a algunas de las posiciones centrales del aparato de Podemos.
Este viraje debe enmarcarse en la crisis surgida en Podemos por la declaración de “nulos de pleno derecho” de los nuevos estatutos por gran parte del Comité de Garantías, cuya presidenta Olga Jiménez fue recientemente apartada del cargo y expedientada por la directiva de Iglesias por oponerse a los nuevos estatutos.
Ante la prensa Echenique defendió los nuevos estatutos y subrayó que “la solución es evidente, lo pone en los documentos aprobados. Que actúen los órganos.” Sin embargo, la actuación de los órganos contrarios a las últimas modificaciones se dificulta por la propia naturaleza de los cambios en los estatutos.
Algunos de los cambios introducidos son de carácter disciplinario hacia las discrepancias internas o las filtraciones de información no autorizadas por la directiva en Podemos, contemplando inhabilitaciones para el desempeño de cargos en el partido o de representación pública por un periodo de entre seis meses y dos años
Las federaciones de Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se opusieron recientemente al cese de Olga Jiménez de la presidencia del Comité de Garantías, así como siete miembros y exmiembros del Comité Central de Garantía y miembros de los Comités de Garantías de 13 de las 17 comunidades.
Al llamado conflicto de la Comisión de Garantías y significativos relevos en cargos se añade la crisis abierta con Podem Catalunya por el posicionamiento frente al referéndum del 1O, ya que mientras algunos de sus líderes apoyan el 1O, la formación catalana y Podemos en su conjunto apuestan por alinearse con la legalidad constitucional que niega taxativamente el derecho a decidir.
Vistalegre II en febrero dejó para el sector en torno a Pablo Iglesias 37 cargos en el CC, frente a 27 que retiene Errejón y 2 para Anticapitalistas, presentándose como un acto de reunificación tras la dura batalla que la prensa escenificaba entre estos sectores de Podemos.
Sin embargo, entre las facciones, a veces en pugna más equilibrada y otras más institucional y disciplinaria, existe un elemento estratégico común central: promover una vía gradual y reformista desde las instituciones.
Así, en los últimos meses se ha profundizado un avance tanto en Catalunya como en el resto del estado en la integración en el régimen del 78 por medio de los acercamientos al PSOE, tanto con el acuerdo de gobierno en Castilla la Mancha como con la posición contra el 1O.
La formación que despertó la ilusión de millones de jóvenes y trabajadores, la que incluso tomó parcialmente parte de las demandas planteadas en la calle desde 2011, no ofrece ninguna salida encaminada a fortalecer la organización y movilización de la clase trabajadora y los sectores populares, ni para defender el derecho a decidir, ni para poder imponer una salida desde abajo a la crisis de régimen y la apertura de un verdadero proceso constituyente libre y soberano sobre las ruinas del “atado y bien atado”. |