El día 15 de agosto de 2017, los representantes de las listas de estudiantes junto a los abogados Gonzalo Nahuel Amarilla y Lilen Camila Reyes del CeProDH, presentaron un amparo ante el Juzgado Federal de primera Instancia de Mercedes. La acción legal fue votada por más de 250 estudiantes en la asamblea estudiantil realizada en la sede de San Miguel al día siguiente que el Consejo Superior de forma contraría al estatuto y reglamento interno de la Universidad ratifique la adhesión al Sistema de Reconocimiento Académico realizada por el rector Arizio.
El amparo presentado, pretende poner un freno a la adhesión de la UNLU al “Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de la Educación Superior” fundamentándose en las ilegitimidades e irregularidades de los órganos de gobierno al momento de adherirse. Entre las irregularidades que hubo, el abogado Amarilla menciona “La adhesión al Sistema de Reconocimiento, nunca se trató por las comisiones permanentes del Honorable Consejo Superior (HCS); así mismo el rector Arizio utilizó un medio similar a los DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del poder ejecutivo nacional, para firmar la adhesión cuando del mismo reglamento interno, es el HCS quien debería hacerlo con previa tratativa del mismo”. Para los abogados intervinientes el accionar arbitrario manifiesto del Rector y del HCS da lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada en el amparo. Esta medida, si es otorgada por el Juez Federal, mantendría en suspenso la adhesión de la UNL U al “sistema de Reconocimiento” hasta que el juez se expida por la cuestión de fondo.
Sin embargo la pelea desde los medios legales tiene sus limitaciones. Principalmente porque la justicia se encuentra restrictiva para intervenir en las decisiones de las universidades por ser órganos autárquicos. Es decir que el juez federal puede expedirse si los actos realizado por la Universidad son arbitrarias o no y retrotraerlos, pero no puede ordenar que se adhiera o no a un nuevo sistema educativo. Ese labor, es de la organización estudiantil, como cuando los estudiantes tomaron las sedes de Campana y San Miguel, en respuesta al ingreso de la patota y la burocracia del gremio no docente a cargo del consejero Juan Ramos a la sesion del HCS del 8 de junio. Los estudiantes, son los que lograrían frenar el ataque a la educación pública siempre y cuando se organicen. Este dato no es menor, ya que las conquistas de los estudiantes a lo largo de la historia se lograron en las aulas y las calles.
El poder judicial que otorgó el 2x1 a genocidas; que entorpece y dilata la investigación del paradero de Santiago Maldonado, siempre estuvo ligado a las políticas del poder ejecutivo de turno. Es evidente que Cambiemos, tiene como política destruir la educación pública, ya se vio reflejado con el conflicto de los docentes y Vidal, y la justicia permite que le descuenten los sueldos a los docentes que luchan por sus derechos. Por ello, el desafío de los estudiantes de UNLU es mostrar la fuerza que tienen cuando se organizan y que nadie podrá restringir el derecho a la educación. |
