El gobierno cordobés tuvo que dar marcha atrás con el intento de hacer votar en la legislatura cordobesa el nuevo Código de Convivencia. Como se había señalado en este medio, el mismo fue rechazado por más de 50 organizaciones. Entre las mismas se encontraban muchas de aquellas que, anualmente, convocan a la Marcha de la Gorra. Dicha convocatoria, hace poco menos de un mes, reunió a cerca de 15mil personas en las calles de la ciudad. Esto evidenciaba que el rechazo del nuevo Código tenía, ya en el inicio, un carácter masivo.

Esto no es casual. En el transcurso de este año creció el repudio al accionar policial en amplios sectores de la población. La crisis de diciembre del año pasado donde la policía se amotinó, evidenció un enorme poder para generar una crisis política. Poder que iba de la mano con la participación en enormes negocios ilegales como el tráfico de drogas o la relación con desarmaderos.

Después de aquellas crisis, la policía salió fortalecida como corporación, producto de un pacto de impunidad con el gobierno provincial, pero eso no se tradujo en una mejora de su imagen en amplias franjas de la población. Al desgaste subsiguiente colaboró el brutal accionar policial que implicó casi 10 asesinatos por Gatillo Fácil en el año, la creación de “corralitos” para encerrar a jóvenes pobres y el accionar de un jefe policial que llegó a amenazar un periodista, terminando imputado por coacción. Este modelo, que el mismo gobernador denominó de “policialización”, vino acompañado por un aumento en el número de retenes y efectivos por toda la ciudad, construyendo una imagen de ciudad “ocupada” cual si fueran los años del Proceso de Reorganización Nacional. Esta imagen, que puede reconfortar a algún sector de la población, no goza de plena aceptación.

En este marco es que debe inscribirse el fracaso del tratamiento del nuevo proyecto de Código de Convivencia. Proyecto que no sólo reafirmaba los postulados represivos del Código de Faltas sino que, incluso, avanzaba en la regimentación de la protesta social.

El retroceso en el tratamiento pone de manifiesto además los límites políticos del oficialismo. El gobierno se ha visto obligado a buscar algún tipo de consenso con la oposición de los partidos patronales. Tanto la UCR como el Frente Cívico hicieron también lo posible por arribar a un acuerdo. Este tipo de negociaciones en la política cordobesa ya se vio en la votación de la Ley de Ambiente y en la sanción del Plan Primer Paso donde todos los sectores confluyeron en la agenda gubernamental, exceptuando a la banca del FIT.

El retroceso del oficialismo en esta votación está evidenciando además signos del deterioro político del peronismo cordobés. Mientras De la Sota apuesta a un crecimiento nacional -que esté lejos de percibirse-, el peronismo local sigue sin saber quién será su candidato a la gobernación. Una de sus ventajas radica, por el momento, en la actitud displicente de la oposición patronal que, cada vez más, juega a ser una suerte de muleta política del oficialismo.