Ha sido escandalosa la demagogia de los políticos de Chile Vamos y la Nueva Mayoría desde que se puso en la agenda pública la actualización de la Ley Migratoria, manifestando la necesidad de modernizar la reglamentación impuesta en 1975 por la dictadura de Augusto Pinochet. Aparentando inquietud por la precariedad, pobreza y la falta de derechos de los inmigrantes; dicen estar preocupados por la delincuencia, cuando su interés real es limitar los derechos y el control de transición.
El proyecto tiene una clara normativa de control y restricciones para quienes migran por mejores condiciones de vida, propone un registro nacional de extranjeros, 6 nuevas visas para la regularización de la estadía en el país y la expulsión de inmigrantes que cometan delitos, además de exigir que inmigrantes deban fijar domicilio en Chile, que según Paulina Núñez, tiene como objetivo evitar el aumento de campamentos. También pretenden sancionar a empleadores que realicen declaraciones falsas a favor de inmigrantes y a quienes contraten a inmigrantes que no tengan autorización para trabajar.
Su hipocresía no tiene límites, pues cuando llevan años legislando al servicio de los empresarios, aumentando sus exorbitantes patrimonios, millones de trabajadores (chilenos e inmigrantes) viven con 250 mil pesos al mes y con un humillante acceso a la educación, salud, vivienda y pensiones. El problema de fondo no son los inmigrantes que hoy son el 2,7% de la población, sino que en Chile no se garantizan los derechos sociales.
El conjunto de los partidos del régimen no ha logrado unificar criterios para abordar la situación de la inmigración, hablan del 1% que tiene alguna causa policial, pero no garantizan condiciones laborales óptimas para el 76,6% de la población que obtuvo trabajo. La diputada RN ha planteado que acá hay un “problema ideológico”, expresando reaccionariamente que el gobierno tiene “temor que lo acusen de xenófobo”.
Sin embargo, el proyecto legislativo en sí mismo es xenófobo, ya que por más que se adorne con el discurso de “seguridad social” deja en claro que son trabajadores de segunda categoría, cuestión que envalentonará a los empresarios a tener más sometidos quienes contrata. Cuestión que propiciaría el aumento de la migración ilegal debido a las restricciones fronterizas, reproduciendo mayor precariedad en el trabajo.
Han sido muy ofensivos en los medios con sus encuestas y estadísticas, haciendo propio el discurso reaccionario antimigrante tipo Donald Trump y hablando de la “ola migratoria” plantean cerrar las fronteras a la delincuencia, ya que "los extranjeros le quitan el trabajo a los chilenos", entre otras barbaridades.
Este discurso no es más que un vil recurso para aumentar un nacionalismo al servicio de los empresarios, pues si no hay trabajo ni sueldos acorde al costo de la vida es porque las ganancias de estos están por sobre la vida de los trabajadores, trabajadoras y sus familias.
La inmigración no perjudica a los trabajadores nativos de Chile, sí lo hacen las legislaciones al servicio de los empresarios, que tienen como resultado la pobreza, las deudas, el alto costo de la vida y el abuso empresarial.
Desde las candidaturas de trabajadores, mujeres y la juventud hemos planteado que “nuestras vidas valen más que sus ganancias”, que “ningún ser humano es ilegal”, que estaremos en contra de cualquier legislación que afecte las libertades democráticas como el derecho a migrar o trasladarse. No tenemos ninguna confianza en los filtros que puedan realizar aquellos que durante décadas han legislado a favor de una pequeña minoría y han condenado a la enorme mayoría.
¡Nativa o extranjera, todos somos clase obrera! | 
